La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) enfrenta el reto de calificar la elección presidencial en medio de una división entre sus integrantes y con dos vacantes en el pleno, por lo que deberán elegir a una magistratura regional para alcanzar el quórum necesario para determinar la validez de la próxima presidenta de México.
Hay cinco personas en las salas regionales que cumplen con el perfil para integrar el pleno durante la calificación de la elección presidencial.
Vale destacar sobre este complicado tema que el pleno de la Sala Superior está encargado de realizar el cómputo final de votos, resolver las impugnaciones y declarar la validez de la elección presidencial, a más tardar el 6 de septiembre.
Con esta determinación, concluye el proceso electoral.
Por otra parte, la Ley Orgánica del Poder Judicial señala que la declaración de validez, o en su caso nulidad, de la elección deberá realizarse con el pleno integrado por al menos seis magistrados.
“En caso de vacante definitiva se nombrará a un nuevo magistrado o magistrada, quien durará en su cargo por el tiempo restante al del nombramiento original. En este caso, mientras se hace la elección respectiva, la ausencia será suplida por el magistrado o la magistrada de Sala Regional con mayor antigüedad o, en su caso, de mayor edad si existen asuntos de urgente atención”, apunta en el artículo 167.
Hay que recordar que en octubre pasado, los magistrados José Luis Vargas e Indalfer Infante concluyeron su periodo en el Tribunal Electoral, y desde septiembre la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobó las ternas para ocupar las vacantes, una para mujer y otra para hombre. Sin embargo, en el Senado no se lograron los acuerdos entre el bloque mayoritario de la Cuarta Transformación y la oposición para aprobar a alguno de los perfiles, por lo que después de nueve meses sigue sin haber nombramientos.
Ante esta omisión y falta de voluntad política del Senado, la Sala Superior está en una situación inédita desde su conformación como TEPJF en 1996.
Lo que sí es de tomarse en cuenta son las consecuencias que esta omisión podría traer al interior de la citada dependencia, por encima de las complicaciones y afectaciones que enfrentarán de cara al último paso del ya de por sí complicado proceso electoral.
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es la autoridad de gobierno especializada, a nivel local y federal, para impartir justicia electoral y proteger los derechos de la ciudadanía. Tiene su fundamento en el artículo 94 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el que se dispone que este órgano jurisdiccional especializado en materia electoral será el encargado de garantizar la legalidad, imparcialidad y equidad de los procesos electorales del país.
