Ante la inminente reforma constitucional al Poder Judicial Federal (PJF) que propuso el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador; ministros, magistrados y jueces del país cierran filas para garantizar la división de poderes, la no violación a la Constitución y al Estado de derecho.
Ante este panorama poco alentador para los ministros y magistrados, se sabe de un documento interno de la Corte, titulado “Análisis de la iniciativa de reforma al Poder Judicial de la Federación”, que se ha filtrado a través de fuentes cercanas a la Corte, en donde se señala que “cualquier intento de reforma o política judicial debe necesariamente considerar sus posibles impactos en la operación cotidiana de los órganos jurisdiccionales. Una modificación que no sea debidamente planeada y ejecutada puede agravar y comprometer los miles de casos que están sujetos a la jurisdicción de los jueces mexicanos”.
De igual manera, en el documento de análisis elaborado por el Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se advierte que, la iniciativa presidencial que propone la elección vía voto popular de ministros y ministras de la Corte, magistrados y magistradas de circuito, jueces y juezas de distrito, magistrados y magistradas locales, jueces y juezas locales, magistrados y magistradas del Tribunal de Disciplina Judicial y magistrados y magistradas del Tribunal Electoral, no va a mejorar la impartición de justicia; al contrario, se corre el riesgo con la desaparición de los concursos de oposición y la probable ausencia de experiencia y/o formación judicial, que exista “un desempeño y toma de decisiones deficientes que no resuelvan los problemas actuales de credibilidad institucional que pretende atender la reforma”.
Se advierte que la elección popular de personas juzgadoras interrumpirá de manera inmediata y grave en todos los procesos penales orales del país.
“El abrupto cambio de toda la judicatura federal interrumpirá inmediatamente todos los procesos penales federales activos en el país, lo cual probablemente implicará la pérdida de pruebas relevantes y afectará de forma irreparable los derechos de las partes”, se advierte en el análisis.
La SCJN ha establecido que el cambio de un juez o jueza dentro de una misma etapa procesal vulnera el principio de inmediación y por tanto conlleva la reposición del procedimiento.
Por ello, la sustitución de juzgadores penales puede derivar en el reinicio de los procesos y consecuentemente en un retraso severo en su conclusión.
Además, esta reposición puede implicar que ciertas pruebas pierdan calidad o validez con el paso del tiempo, lo que a su vez podría llevar a que la sentencia que se dicte en el juicio oral no cuente con la información suficiente y adecuada para resolver el caso.
“La propuesta de remover en un solo momento a toda la judicatura federal sin basarse en razones justificadas e individualizadas vulnera flagrantemente el estándar fijado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Este tribunal internacional ha insistido en que la decisión de destituir a personas juzgadoras de su cargo debe basarse en los supuestos permitidos para ello, como pueden ser haber cumplido el plazo para ejercer el cargo o periodo de función, cumplir la edad de jubilación, haberse demostrado que cometió faltas disciplinarias graves o que fue incompetente al realizar su función. Además, ha dicho que la estabilidad laboral conlleva la garantía de que, en caso de despido o cese arbitrario, este se realice por causas justificadas y que el trabajador pueda recurrir la decisión ante las autoridades pertinentes”.
Por lo anterior, es probable que las destituciones arbitrarias deriven en acciones legales de las juzgadoras y juzgadores afectados.
Vale explicar que la remoción de toda la judicatura mexicana plantea el despido de casi mil 700 juzgadores federales (magistrados y magistradas y jueces y juezas) y más de 5 mil juzgadores estatales (magistrados y magistradas y jueces y juezas).
Esto podría llevar, en primer lugar, a un escenario de alta presión para el sistema de justicia, pues existe la posibilidad de que alrededor de 6 mil 700 personas presenten demandas laborales o litigios en el ámbito internacional, lo que implicaría un importante costo para indemnizarles por la afectación a sus garantías de inamovilidad en el cargo y a sus derechos laborales adquiridos.
En el Poder Judicial de la Federación laboran alrededor 50 mil personas y un despido masivo representaría una cantidad inusitada de demandas laborales y una compleja operación financiera para el pago inmediato -al que tienen derecho- de sus seguros de separación y otras prestaciones derivadas de la violación de derechos laborales.
Se explica que, la carrera judicial contempla una serie de reglas preestablecidas que fijan el ingreso, permanencia y promoción para personas con funciones judiciales.
La estabilidad de la carrera judicial propicia que las y los integrantes de los poderes judiciales no estén vinculados con asociaciones, partidos o autoridades políticas para asegurar oportunidades laborales o de desarrollo profesional. Su promoción en la carrera judicial depende, principalmente, de su capacidad para aprobar exámenes y cursos.
