El tiempo se acorta y la incertidumbre, la inseguridad y la desconfianza entre las partes involucradas, se hace más cuestionable.
Y razones hay suficientes, pues a unos días de que la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados comience la dictaminación de la iniciativa de reforma al Poder Judicial presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, todavía no hay claridad por lo que hace al presupuesto que deberá destinarse para la elección de los nuevos ministros, magistrados y jueces, ni sobre los recursos públicos para pagar las liquidaciones de los funcionarios que serán separados de sus cargos antes de que concluya el periodo para el cual fueron designados.
Sobre dicho tema, de acuerdo con el dictamen de impacto presupuestario realizado por la Secretaría de Hacienda, sobre la iniciativa en cuestión “no tiene un impacto presupuestario adicional a lo manifestado por la Secretaría de Gobernación”, dependencia que, según explica, “considera que el proyecto no tiene impacto, pues no considera la creación o modificación de unidades administrativas y plazas o, en su caso, de nuevas instituciones dentro de dependencias y entidades de la Administración Pública Federal”.
Sin embargo, el senador morenista Ricardo Monreal Ávila, señaló que el costo de la elección de los ministros, magistrados y jueces será de entre 3 mil y 3 mil 500 millones de pesos y que se podrían tomar de los 23 mil millones que tienen los fideicomisos del Poder Judicial, que van a ser remitidos a la Tesorería de la Federación.
Por su parte, la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, calcula que el costo será de unos 7 mil 500 millones de pesos, aunque ha recalcado que debe ser el Instituto Nacional Electoral (INE) quien debe fijar el monto del costo de esa elección de esos funcionarios del Poder Judicial.
Sin embargo, algunos cálculos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estiman que la suma podría ser de alrededor de 30 mil millones de pesos.
Según el “Análisis de la iniciativa de reforma al Poder Judicial en México. Problemas asociados con la iniciativa de reforma constitucional del Poder Judicial, presentada el 5 de febrero de 2020”, realizado por el Centro de Estudios Constitucionales, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, “la realización del proceso electoral para elegir juzgadoras y juzgadores representará un altísimo e innecesario costo para el erario”.
Por ello adelanta que “el costo del proceso sería de alrededor de la mitad del costo de las elecciones federales”, es decir, unos 30 mil millones de pesos.
Por otra parte, también explica que se trata de una afectación presupuestaria innecesaria, en tanto existen mecanismos más efectivos, objetivos y razonables para la selección de personas juzgadoras que garantizan su independencia e imparcialidad y permiten destinar estos recursos a acciones de mejora sustantiva de la función judicial u otras áreas estratégicas del Estado.
Por otra parte, también habrá que sumar el costo de las liquidaciones de alrededor de mil 600 ministros, magistrados y jueces, lo cual podría superar los 8 mil millones de pesos, si se toma en cuenta que a las personas que trabajan en el servicio profesional de carrera del Poder Judicial les toma alrededor de 10 años para llegar al cargo y considerando que sólo tienen esos años de antigüedad.
Si bien no se ha hecho público un estudio actuarial sobre lo que va a costar liquidar a ministros, magistrados y jueces, sí se toma en cuenta que, de acuerdo con los resultados del Censo Nacional de Impartición de Justicia Federal de 2023, realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), al cierre de 2022 había 910 magistrados, de los cuales 796 tenían adscripción a los Tribunales Colegiados de Circuito (TCC) y 114 a los Tribunales Colegiados de Apelación (TCA).
De igual manera, había 737 jueces, de los cuales 439 tenían adscripción a los Juzgados de Distrito (JD); 165 a los Centros de Justicia Penal Federal (CJPF); ocho al Centro Nacional de Justicia Especializado (CNJE) y 125, a los Tribunales Laborales Federales (TLF). Eso quiere decir que en total el registro es de mil 647 jueces y magistrados.
De acuerdo con datos del Consejo de la Judicatura Federal, el salario bruto mensual de los magistrados es de 374 mil 203.42 pesos. Si se calcula lo que representa liquidar a los 910 magistrados con tres meses de salario, 20 días por año trabajado (y sólo considerando que tuvieran los 10 años de antigüedad en el empleo), más una prima de antigüedad de 12 días por los mismos 10 años trabajados, cada magistrado debería llevarse como indemnización cinco millones, 114 mil 113, pesos y los 910 alrededor de 4 mil 653 millones.
Si se hace el mismo ejercicio con el salario de los jueces (que ganan 337 mil 575.25 pesos mensuales) y sólo suponiendo que tienen 10 años de antigüedad en sus em-
pleos, el total por los 737 es de más de 3 mil 400 millones de pesos, para un total entre jueces y magistrados de al menos 8 mil 54 millones.
