NACIONAL

Procedimiento transitorio de revocación de mandato para Jueces y Magistrados: Yasmín Esquivel

En el marco de los Diálogos Nacionales para la Reforma al Poder Judicial, la Ministra Yasmín Esquivel Mossa acudió nuevamente a la Cámara de Diputados y propuso un procedimiento transitorio de revocación de cargo; elección popular prioritaria para quienes se encuentren laborando en los diversos órganos jurisdiccionales; y que en la primera elección popular se postulen exclusivamente mujeres.

Yasmín Esquivel reconoció el trabajo, dedicación, prudencia, responsabilidad y compromiso con el que se aborda la Reforma al Poder Judicial Federal, y para lograr una transformación de fondo presentó tres propuestas adicionales: la primera tiene que ver con un procedimiento transitorio único de revocación del cargo de las personas juzgadoras, conforme un sistema análogo que también es un sistema de participación ciudadana.

Con pleno respeto a lo que determine el poder revisor de la Constitución, la Ministra propuso adicionar un artículo transitorio que establezca que tanto magistradas y magistrados de circuito, así como juezas y jueces de distrito participen en una jornada electoral de revocación del cargo, dentro de la circunscripción electoral de su desempeño, a fin de que se les revoque su nombramiento si asi lo determina la mayoría de la ciudanía; dentro de una participación de al menos 40 por ciento de los inscritos en la lista nominal o bien el porcentaje que determine la Legislatura.

La segunda propuesta, es que quienes ya se encuentren laborando en los diversos órganos jurisdiccionales se les permita acceder a los procesos de elección popular en forma prioritaria, siempre y cuando cumplan con los demás requisitos previstos en el artículo 97 de la iniciativa de reformas constitucionales; esto con el objetivo de no interrumpir la carrera judicial.

Finalmente, Yasmín Esquivel propuso como acción afirmativa que, en la primera elección popular de integrantes de la SCJN, tribunales colegiados y juzgados de distrito, se postulen exclusivamente mujeres, para lograr su mayor presencia en los órganos de impartición de justicia.

Con la sola modificación del procedimiento de designación de jueces y magistrados, como se plantea en la iniciativa de reforma del Poder Judicial, no se resolverá mágicamente el problema de justicia, el rezago, la lentitud de los procedimientos o la impunidad en la comisión de los delitos, afirmó la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Yasmín Esquivel Mossa.

En ese sentido se trata, reconoció, de problemas que, en la mayor parte de los casos, no tienen que ver con el tema de los servidores públicos concretamente, sino con deficiencias que atañen a otro tipo de aspectos que tenemos que analizar.

“Por ello, debemos evitar suponer que la reforma judicial es una especie de sanción a las personas juzgadoras que retribuye el mal desempeño, pues quienes hemos servido en la impartición de justicia conocemos la escasez con la que se trabaja”, aclaró la magistrada.

En su participación en el foro sobre la Reforma al Poder Judicial: Efectos en beneficio de la Ciudad de México, aseveró que no podemos como Estado fallar en la reforma más importante de los últimos 200 años que exigen los mexicanos.

De ahí la importancia de resolver el primer obstáculo, que consiste en avanzar en la elección de los juzgadores dentro de la variedad de posibilidades que existen, por lo cual propuso una sustitución progresiva de jueces cada tres años de las vacantes que se generen.

Ante diputados locales y federales en funciones y electos reunidos en el patio Octavio Paz de la Biblioteca de México, la ministra Loretta Ortiz Ahlf, por su parte, destacó, a su vez, que la reforma además plantea que los justiciables no esperen más de 10 años para ser sentenciados, que se incorpore la mediación obligatoria y la austeridad del Poder Judicial federal y local.

De esta manera, los ministros en funciones, cuando entre en vigor la reforma, ya no tendrían el haber de retiro, seguro de gastos médicos mayores y sus salarios no serían mayores al del Presidente de la República, y desaparecerían los fideicomisos.

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