Pasando las 12:00 am, el presidente de la Mesa Directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña confirmó la aprobación en lo general de la Reforma Judicial, contando con la mayoría calificada con 86 votos a favor y 41 en contra.
Tras jornadas llenas de controversia, con senadores cambiando de opinión en los últimos momentos y marcadas por cientos de personas que se manifestaron e interrumpieron la sesión de discusión en la sede alterna, la bancada de Morena y aliados consiguieron los dos tercios del Senado que necesitaban para que la Reforma Judicial pasara.
Justo a las 12 am con 3 minutos, a través de sus cuentas de redes sociales y el canal del Congreso, la Cámara de Senadores confirmó que la Reforma Judicial fue aprobada en lo general.
Miguel Ángel Yunes reapareció con la confirmación que los senadores que rechazaban la propuesta temían, el legislador de Veracruz confirmaba que su voto sería a favor y completaba los votos necesarios para que la reforma sucediera.
Todo esto en medio de protestas y de personas de su propio partido que lo llamaban “Judas” y un “traidor a la patria”.
Las reacciones al voto de Yunes se sumaron a las supuestas implicaciones de Morena y el Gobierno Federal en presionar a Senadores de la oposición para que cambiaran su voto a favor de la Reforma.
Una constante movilidad de ciudadanos se registró fuera de las instalaciones del Senado, donde cientos de personas se manifestaron en contra de la implementación de la reforma.
Las tensiones de la manifestación llevaron a las personas a irrumpir en el recinto, teniendo que obligar al senado a movilizarse hacia una sede alterna, en la Casona de Xicotencatl.
Tras la aprobación de la mayoría calificada en el Senado, la Reforma Judicial tiene que pasar por algunos pasos más para poder ser ley.
La propuesta deberá ser ratificada por al menos 17 congresos de los 32 estatales, 22 que Morena ya controla, por lo que convierte a la reforma en prácticamente una realidad.
Todo este proceso de aprobación debe ocurrir antes de que el Presidente López Obrador termine con su mandato el próximo 1 de octubre, una vez aprobado, Claudia Sheinbaum, la próxima presidenta de México, tendrá que encargarse de la reestructuración del Poder Judicial y organización de elecciones de jueces.
