Es una realidad que la aprobación de la reforma judicial hace unos días ha abierto un nuevo boquete en la confianza de inversionistas y analistas del mercado energético, en tanto las asociaciones han decidido esperar a que el cambio sea aprobado, para emitir una postura, pero desde ya adelantan un panorama demasiado complicado.
Por años, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y los tribunales especializados funcionaron como contrapeso de las decisiones relacionadas con los cambios regulatorios. Ahora, sin un Poder Judicial operando como lo había hecho hasta ahora, la vía para modificar cómo opera el mercado será más sencilla y, dentro de estos, los participantes del sector ya avizoran un primer cambio: la desaparición de los órganos autónomos.
Una de las reformas más polémicas del paquete enviado por el presidente Andrés Manuel López Obrador al Legislativo tiene que ver con la supresión de siete organismos autónomos.
La Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), creada en 2009, y la Comisión Reguladora de Energía (CRE), que arrancó operaciones en 1994, los dos más cercanos al mercado energético, ya han cambiado su funcionamiento en lo que va del sexenio.
Su operación nunca ha sido apolítica, pero han pasado de trabajar con base en la idea de apertura del mercado a una donde la prioridad son las dos empresas estatales, CFE y Pemex.
La desaparición de las dos comisiones y la absorción de sus funciones por parte de la Secretaría de Energía, o por un órgano administrativo que corresponda directamente adscrito a esta, según lo espera el mercado, podría dar paso a que la emisión de permisos y el diseño de algunas políticas esté más alineada con la visión dictada desde la administración federal, aunque hasta ahora se desconoce en específico cuáles serán las acciones de Claudia Sheinbaum Pardo una vez que tome la presidencia.
“Si bien no cambia el perfil de riesgo derivado del contenido de la reforma, sí cambia la probabilidad de que sea aprobada y de tener una probabilidad llamada baja-media, sube a una media-alta o inclusive alta”, dice Bernardo Cortés Araujo, abogado especializado en el sector del despacho Cortés Quesada.
Vale destacar que el sector energético es uno de los que más ha recurrido a los tribunales especializados en competencia y a la SCJN para detener las modificaciones regulatorias. Así, las empresas han logrado paralizar grandes cambios como la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica y a la política de confiabilidad de la Secretaría de Energía.
Pero aun cuando no esté definida la implementación de la reforma judicial, los abogados especializados en el mercado creen que la desaparición de los autónomos podría dar paso a paneles de controversias o a algunos procesos arbitrales promovidos tras acciones que modifiquen la rentabilidad o ejecución de las inversiones privadas.
Los abogados del sector se limitan a responder con “hay muy poca probabilidad” cuando se les pregunta si existiría algún recurso jurídico en los tribunales nacionales que pueda revertir una probable decisión del Legislativo.
“La presión vendría de empresas extranjeras”, dice el abogado de una petrolera que se adjudicó algunos contratos durante el sexenio pasado.
Todo porque la desaparición de algunos de estos organismos va en contra de lo firmado en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
“La (desaparición) de la CNH y la CRE podría argumentarse también un trato privilegiado para las empresas de Estado (principio de neutralidad competitiva), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico ha escrito sobre ello y es también contrario a los tratados”, dice la fuente que habló bajo condición de anonimato.
La reforma ya ha sido aprobada en la comisión de puntos constitucionales de la Cámara de Diputados, pero para su votación en el pleno aún no hay una fecha definida.
Una actuación similar a la que tuvo Morena durante la votación de la reforma judicial podría garantizar el paso sin contrapesos del cambio relacionado con los órganos autónomos.
Las asociaciones del mercado han decidido esperar a que un cambio regulatorio sea aprobado, para emitir una postura.
Sea como sea, los privados consideran que la posibilidad que continúe la apertura del mercado, pese a que la competencia de CFE y Pemex sea mayor, no debe ponerse en duda.
“El mercado es desde 2014 un mercado en proceso de maduración, jugadores entran y jugadores salen, pero sigue siendo abierto y competido.
La migración de marcas continúa en ambos sentidos (de Pemex hacia privadas y viceversa) y eso es fundamental, más allá de altibajos”, dice un representante del sector gasolinero.
