La Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), logró la vinculación a proceso de Leopoldo Carrillo Werring y Rubén Durán Miranda, exaltos funcionarios del SAT, por su presunta participación en un fraude que asciende a aproximadamente 172 millones de pesos. Ambos enfrentarán cargos por delitos contra la administración pública, uso de documentos falsos y ejercicio ilícito del servicio público.
Vale recordar que Leopoldo Carrillo Werring fue administrador general de Auditoría Fiscal Federal, cargo al que llegó en enero de 2018, durante los últimos meses del gobierno de Enrique Peña Nieto.
Por su parte, Rubén Durán Miranda se desempeñó como administrador central de Análisis Técnico Fiscal de julio de 2017 a diciembre de 2018, también en la administración de Peña Nieto. Actualmente, es Oficial Mayor de la Fiscalía General del Estado de México, puesto que asumió en abril de 2022.
Ambos trabajaron bajo la dirección de Osvaldo Santín Quiroz, quien lideró el SAT entre 2016 y 2018.
De acuerdo con el comunicado presentado por la FGR, los exfuncionarios, aprovechando sus posiciones estratégicas en el SAT, habrían utilizado documentación falsa y cometido irregularidades en el ejercicio de sus funciones, con el objetivo de afectar al Fisco Federal. La suma del daño potencial asciende a 172 millones de pesos. La investigación reveló que sus acciones representaban una amenaza directa a la recaudación y al correcto manejo de los recursos públicos.
La FGR emitió un comunicado donde destacó la importancia de esta acción como parte de su política de cero tolerancia a la corrupción.
“Con estas acciones institucionales conjuntas, se reafirma el compromiso de cero tolerancia a la corrupción, se fortalece la recaudación y se contribuye con la construcción de cimientos fuertes para el proyecto de transformación de México”, se aclara en el comunicado.
El organismo también subrayó que este caso busca enviar un mensaje claro sobre el combate frontal contra la corrupción y la defensa de los intereses del país.
De acuerdo con las investigaciones de la autoridad tributaria, los exservidores participaron en la suscripción de Acuerdos Reparatorios sin contar con las facultades necesarias para ello, por lo que un juez de Control consideró que existen los elementos suficientes para iniciar un proceso penal en su contra.
“Con estas acciones, el SAT trabaja en concordancia con los valores institucionales y de acuerdo con las directrices dadas por la presidenta de la República, a través de ‘Gobierno Honesto y Combate a la Corrupción’, como parte integral de su proyecto de nación”, finalizó el SAT.
