Los desistimientos de las órdenes de aprehensión contra los militares presuntamente implicados en el caso Ayotzinapa o contra el senador Miguel Ángel Yunes Márquez, revelan indicios de corrupción en las fiscalías y el uso de la justicia como moneda de cambio, afirmaron magistrados federales. En ambos casos los jueces ya habían establecido que había indicios de delito para ordenar las aprehensiones o vincular a proceso y, sin embargo, misteriosamente las fiscalías retiraron la acción penal.
Juan Carlos Ramírez Benítez y Julia García González, magistrados de circuito en la Ciudad de México, señalaron que en ambos casos los jueces ya habían establecido que había indicios de delito para ordenar las aprehensiones o vincular a proceso y, sin embargo, las fiscalías retiraron la acción penal.
“Tenemos documentado, por ejemplo, un caso de 16 militares en el año 2022, el caso del senador Yunes y, bueno, pues esto desde luego genera por lo menos indicios fuertes de que hay claros actos de corrupción, porque para las personas comunes y corrientes como todas y todos nosotros, incluso tenemos que estar litigando contra la Fiscalía, si es que le pedimos una cosa de estas y no contesta”, dijo la magistrada García, en la conferencia matutina de los juzgadores.
Sobre el desistimiento aludido en el caso Ayotzinapa, se trata de las órdenes de aprehensión contra 16 militares y cinco funcionarios civiles, entre ellos el exfiscal de Guerrero, Iñaki Blanco, retiradas por la FGR en septiembre de 2022 ante el Juzgado de Distrito en Procesos Penales de Toluca. De un total de 83 órdenes de captura, la FGR sólo se desistió de 21.
La FGR después cambió de opinión y al año siguiente volvió a pedir las capturas contra los soldados en la misma causa penal por delincuencia organizada, desaparición forzada y delitos contra la administración de justicia.
En el caso de Yunes, el 9 de septiembre pasado, un día antes de la votación de la reforma judicial, la Fiscalía de Veracruz se desistió de la orden de aprehensión en contra del senador por los delitos. El magistrado Ramírez Benítez expuso durante la rueda de prensa que, en el caso Ayotzinapa, para justificar la cancelación de la acción penal, la FGR adujo que prefería desistirse en ese momento, antes de que su acusación fracasara en el juicio.
“Sin embargo, en 2022 solicitan se deje sin efectos la orden de aprehensión en contra de un total de 21 personas, argumentando Fiscalía -con el visto bueno del superior, en el caso del delegado- que las pruebas no son suficientes y que, a efecto de no tener un fallo en contra, ante el propio juzgado, prefieren la solicitud en cuanto a que se deje sin efecto esa orden de aprehensión por cuanto hace a 21 personas”.