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Presidenta de Madrid pide la dimisión del fiscal general

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, reaccionó a un auto del magistrado del Tribunal Supremo, Ángel Hurtado, calificando el caso que atañe a su novio y al fiscal general del Estado como un “Watergate”.

“La utilización de los poderes del Estado contra un rival político por parte de un presidente que es un peligro para todos”, aseguró la mandataria regional en declaraciones a los medios.

En el auto, el magistrado cita a declarar como imputados al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y a otros dos fiscales, y defiende la tesis de que de esa institución habría filtrado un correo electrónico remitido por la defensa de Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, lo que constituiría un delito de revelación de secretos.

Asimismo, del escrito del juez se desprende que en esa filtración estaría involucrada Presidencia del Gobierno de España y que su finalidad sería su utilización partidista en el ámbito político.

La respuesta de Díaz Ayuso llegó en el marco de un desayuno informativo de Alberto Núñez Feijóo, líder de su formación, el Partido Popular (PP), tras conocer el contenido del auto sobre la filtración de ese correo electrónico, en el que la defensa de González Amador reconocía dos delitos fiscales y proponía un trato a la Fiscalía para eludir la prisión.

“Se confirma la operación de Estado que han urdido el presidente del Gobierno y su entorno contra un adversario político, es decir, contra mí”, afirmó Díaz Ayuso.

Según la mandataria regional en el auto “queda claro” que ha habido “dinámicas delictivas” y se ha utilizado a la Fiscalía para maniobrar en su contra.

La resolución dictada por el magistrado Hurtado resalta la clara finalidad política de los actores que tuvieron en sus manos el citado correo electrónico, que, a criterio del juez, en marzo del año pasado salió de la Fiscalía General del Estado con destino a la Presidencia del Gobierno.

Díaz Ayuso sostiene que el auto debería provocar la dimisión del Fiscal General del Estado y de sus colaboradores, así como del propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al que calificó de “peligro para España”.

El caso, que ha sufrido un inesperado viraje, se destapó en el mes de marzo del año pasado, cuando trascendió una investigación de la Agencia Tributaria a Alberto González Amador, que derivó en un caso judicial por dos delitos de fraude fiscal y uno de falsificación de documentos.

El gabinete de Díaz Ayuso hizo circular entre los medios un documento tergiversado en el que hacía ver que la Fiscalía habría ofrecido un pacto, que posteriormente fue retirado por supuestas “órdenes de arriba”, aludiendo a maniobras políticas. Antes esa difusión, el Ministerio Público emitió una nota de prensa para desmentir esa versión.

Entre medias, se filtró a los medios un correo en el que la defensa de González Amador reconocía los delitos, que es lo que actualmente investiga el Tribunal Supremo.

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