Según informaron fuentes al interior del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (Inai), una auditoría forense de gestión financiera 226, reveló que en la dependencia había nepotismo, pues 62 de los empleados son parientes entre sí; también se detectaron viajes nacionales e internacionales no autorizados por más de medio millón de pesos, trabajadores administrativos que en realidad eran choferes y que había cobro de moches a cambio de seguir contratados.
Todo ello por lo que hace a la cuenta pública 2023 y previo a su extinción, la cual se hará pública en febrero próximo.
En este ejercicio, la ASF descubrió que de los 687 servidores públicos del Inai, 62 son parientes (casi 10 por ciento). Incluso hay dos casos en que hay hermanos dentro de la misma área de adscripción, pese a que los reglamentos internos lo prohíben para evitar el nepotismo.
En ese tema, las fuentes denunciantes destacan cinco casos en los que hay hasta tres familiares laborando en el Inai. Uno de ellos es el de Edgar Loaeza Salmerón, quien se desempeña como enlace en una oficina de un comisionado y tiene a dos de sus hijos trabajando en la Dirección General de Enlace y en la Dirección General de Capacitación.
Los auditores también descubrieron que de 2018 a 2022 funcionarios superiores del Inai y comisionados exigieron a sus empleados pagos de una parte de sus sueldos para mantener sus puestos de trabajo.
De acuerdo con la citada auditoría, los trabajadores acusaron directamente al excomisionado Rosendoevgueni Monterrey Chevop de exigir hasta la mitad del sueldo de los empleados, bajo el amparo del actual comisionado presidente del Inai, Adrián Alcalá Méndez, quien lo recontrató tras el escándalo de los presuntos pagos efectuados con una tarjeta del instituto en un table dance. Pese al escándalo, los moches continuaron a través de subordinados como Irlaene Galván y Juan Carlos Carrasco.
De igual manera también se destaca, entre otras irregularidades del instituto, que había al menos ocho personas contratadas para labores administrativas que, en realidad, se desempeñaban como choferes, incluso en su auto particular y tenían la instrucción de estar al pendiente “las 24 horas” los “7 días de la semana” para atender cualquier solicitud de traslado.
Por otra parte, los auditores identificaron también que hubo siete comisiones internacionales por casi medio millón de pesos que no fueron autorizados por el pleno del Inai, es decir, no siguieron los lineamientos internos, por lo que no tendrían que haberse realizado.
Cuatro de los viajes los hizo la comisionada Blanca Lilia Ibarra Cadena a Filipinas, Rumania y al Reino Unido; dos fueron de la comisionada Josefina Román Vergara a Japón y Reino Unido; y uno del comisionado Adrián Alcalá Méndez a Estonia. A estas irregularidades se suman 62 informes de comisión con la comprobación de gastos de los viáticos asignados que se presentaron de manera extemporánea.
Las mismas fuentes aseguran que tras la auditoría se reveló que varios de los contratos que el Inai adjudicó tuvieron irregularidades de corte administrativo o de verificación de los tiempos y condiciones, el más grave relacionado con un contrato por servicios contables por el cual se pagó más de un millón 800 mil pesos en un servicio que era innecesario, ya que el instituto contaba con su propia área a cargo de esta tarea.
