La diputada del PAN, Paulina Rubio Fernández, declaró que en la reunión de la Comisión de Puntos Constitucionales se puso una ‘mordaza’ a los legisladores al no permitir que se presenten las reservas ante la comisión, sino en el pleno, ya en la discusión de la iniciativa.
Puntualizó que el acuerdo no cuenta con un calendario que dé claridad sobre qué días se van a discutir los temas, “y eso representa una falta absoluta de transparencia, porque pareciera entonces que los temas quieren ser abordados a través de albazos”.
En su oportunidad, el diputado del PRI, Marco Antonio Mendoza Bustamante, dijo que el acuerdo tiene deficiencias de forma y de fondo, y no cumple con el reglamento de la Cámara de Diputados.
“La prohibición de interponer reservas coarta cualquier posibilidad de enriquecer los dictámenes antes de que lleguen al pleno de la Cámara de Diputados, y es algo que viola el reglamento de la Cámara”.
Sobre el tema, Gerardo Fernández Noroña, del PT, respondió que la presentación de reservas es una “táctica dilatoria” de la oposición para evitar que se aprueben las reformas del Presidente, y recordó que las reservas finalmente podrán debatirse en el pleno.
Planteó que se reciban las reservas y se envíen al Pleno para su discusión, pues ha sido un procesamiento legislativo que se ha hecho durante toda la actividad parlamentaria y no hay violación al marco legal.
“No le tenemos miedo al debate ni a la discusión. Se va a elegir al Poder Judicial por el voto universal, secreto y directo del pueblo”, advirtió.
Por otra parte, el diputado del Partido del Trabajo, Gerardo Fernández Noroña, informó que la Comisión de Puntos Constitucionales acordó que será el próximo 22 de agosto cuando se dictamine la reforma al Poder Judicial para su posterior análisis y discusión en el pleno de San Lázaro el próximo 2 de septiembre. Al respecto, legisladores integrantes de la comisión resolvieron convocar a sesión permanente el próximo jueves 1 de agosto.
De igual manera, el 15 de agosto se prevé la discusión y análisis para dictaminar las iniciativas en materia de simplificación administrativa y electoral, que prevé la eliminación del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece).
Fernández Noroña aseguró que a través de la reforma al Poder Judicial, se pretende que la ciudadanía pueda elegir a los ministros de la SCJN, jueces y magistrados mediante el voto popular.
En tanto, el coordinador de Movimiento Ciudadano, Braulio López Ochoa, quien además funge como secretario de la Comisión de Puntos Constitucionales, expuso que es indudable que es necesario que haya una reforma al Poder Judicial, pero no para debilitarlo, sino para fortalecerlo.
“Esta reforma no resuelve la parte que afecta directamente a los mexicanos, que es ¿cuántos casos llegan a los jueces?, ¿cuántas pruebas se presentan?, ¿qué tanto hubo una investigación de por medio? y ahí es donde tenemos un hueco enorme, desde las fiscalías, desde las policías que no tienen capacidad de investigación, desde las defensorías de oficio, todo eso lo tenemos que ir modificando y esta reforma no resuelve este punto”, alertó.
