Pareciera que de pronto la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) va quedando a la deriva y la fortaleza que mostraba, ahora se está viniendo abajo. Luego de la controversia en la que se vio envuelta a raíz de la reforma judicial, provocando un debate político y jurídico en México, de nueva cuenta se encienden las alertas y las dudas, una vez que la ministra presidenta, Norma Piña Hernández, enfrenta duras críticas por supuestas irregularidades en el uso de recursos públicos y su postura frente a las decisiones democráticamente aprobadas por otros Poderes de la Unión.
Para nadie es un secreto que la SCJN no sólo tiene el deber de garantizar el cumplimiento de la Constitución, sino que también debe actuar como árbitro imparcial entre los Poderes del Estado. Sin embargo, recientes acciones y decisiones han puesto en tela de juicio su papel como garante de la legalidad.
Fuentes cercanas a la Corte indican que uno de los puntos más álgidos en esta controversia es la contratación del profesor español Manuel Atienza para impartir una conferencia donde calificó a México como un país que ha “perdido su condición de Estado de derecho”. Esta declaración, realizada en un evento financiado por la SCJN, generó reacciones adversas, pues Atienza defendió ideas contrarias a la supremacía constitucional.
Por otra parte, aunque no se ha transparentado el monto de la conferencia, se cuestiona el gasto de recursos públicos para traer a un académico extranjero a opinar sobre asuntos internos. Esto contravendría el principio constitucional que prohíbe a los extranjeros inmiscuirse en la política nacional.
Y por si esto no fuera suficiente motivo de juicio y cuestionamientos, ahora se agrega otro tema que ha levantado sospechas es el uso de recursos de la SCJN para otorgar subsidios y donaciones. Según el presupuesto asignado, la función principal del Poder Judicial es impartir justicia y resolver controversias legales. Sin embargo, los registros que han sido filtrados muestran que parte del dinero público se destinó a instituciones privadas y, sorprendentemente, a la UNAM, que ya recibe presupuesto directamente del Congreso.
Fuentes consultadas sobre el tema, aseguran que la SCJN no tiene atribuciones para conceder ayudas financieras, pero los documentos oficiales mostrados por las fuentes indican que estos recursos se han usado para: Financiar conferencias y eventos académicos. Otorgar becas y otros apoyos fuera de su ámbito constitucional. Realizar convenios con entidades privadas, muchas de ellas sin vínculo directo con sus funciones judiciales.
Y lo más preocupante del tema que se ha puesto al descubierto, es que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) eximió a la SCJN de rendir cuentas sobre ciertos gastos. Esto ha generado una sombra de opacidad sobre los subsidios entregados, así como los programas de becas y los detalles financieros de conferencias y eventos.
Al parecer, el argumento detrás de esta exención es que dichas actividades no forman parte de las funciones judiciales. Sin embargo, esto refuerza la crítica de que la SCJN está destinando dinero a áreas fuera de su competencia.
Está de más recordar que las tensiones entre el Poder Judicial y los otros Poderes de la Unión se han intensificado. Razón por la que la ministra Norma Piña Hernández ha sido señalada por erosionar el Estado de derecho al politizar la función judicial. En lugar de garantizar la imparcialidad, sus acciones han llevado al Poder Judicial a un enfrentamiento directo con el Ejecutivo y el Legislativo.
Por otro lado, la contratación de conferencistas internacionales como Atienza para respaldar estas posturas no sólo ha polarizado el debate, sino que también ha dañado la imagen de la SCJN como un órgano independiente.
En este momento de tensión y enfrentamientos las mismas fuentes advierten que la SCJN debe recuperar su legitimidad y credibilidad a través de transparencia total, por lo que está obligada a publicar detalles sobre el uso de recursos públicos.
También debería regresar a sus funciones esenciales: Enfocarse en la impartición de justicia y no en actividades ajenas a su mandato.
Tendría que intentar fortalecer su autonomía, y lo primero es evitar politizar sus decisiones para mantener su rol como árbitro imparcial.
