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Argumentación jurídica para construir sociedad participativa: IEEM

La argumentación jurídica tiene como esencia una función de orden correctiva y permite conocer el rumbo hacia la construcción de una sociedad civil participativa; por ello, se ve depositada en manos de las y los juzgadores, aunque se desarrolla en todos los ámbitos de quienes tienen relación con el gobierno o el derecho, explicó el Dr. Juan Carlos Abreu y Abreu, Docente del Centro de Formación y Documentación Electoral del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM).

En entrevista con Violeta Huerta, reportera del periódico de Marcaje Legislativo para el programa Detrás de tu voto, aseguró que el sistema de argumentación jurídica es fundamentalmente legalista, al elaborar la ley, analizar el problema jurídico, abstraerlo y generalizarlo, aunque se puede caer en algunos vicios como es el hecho de que la norma tenga alguna laguna, sea ambigua o no explique con claridad lo que se quiere regular.

Aclaró que la lógica y la retórica son los pilares sobre los que se sostiene la argumentación; es decir, pensar, formular y articular un discurso pertinente y plausible, “esto se relaciona con la evolución que han tenido en los mecanismos procesales; principalmente en los procedimientos de oralidad de los juicios, cuya interpretación está en manos de los altos tribunales; ejemplo de ello es el Tribunal Electoral, que se encarga de hacer la interpretación al momento de resolver un problema jurídico”.

Juan Carlos Abreu y Abreu reiteró que en la manera en que se producen las leyes debe existir una narrativa, una argumentación sólida y coherente que permita su aplicación.

Destacó que se requiere que la sociedad civil conozca de la argumentación civil en la medida en la que cada vez es más exigente para que exista un lenguaje ciudadano, liso y llano que se pueda entender con mayor claridad; por ello, una de las finalidades de la argumentación jurídica es articular un discurso que pueda ser abierto y no implique excesos de carácter técnico o signifique la posibilidad de que el ciudadano omita por no entender lo contenido dentro de una norma o determinación judicial.

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