* El Estado de México agrupa 4.38 por ciento de las víctimas en el país……
Por Mireya Álvarez
De acuerdo con el informe mensual “Votar entre balas” de la organización Data Cívica, México Evalúa y Animal Político de 2018 al 13 de mayo de 2024 se han registrado en México mil 836 amenazas, asesinatos, ataques armados, desapariciones y secuestros en contra de personas que se desempeñan en el ámbito político, gubernamental o contra instalaciones de gobierno, de partidos políticos por parte de grupos de la delincuencia organizada, que ocurren antes, durante y después de procesos electorales con la finalidad de tener el control de la jornada electoral, las instituciones y de los recursos públicos, a lo que la organización lo denomina como violencia político-criminal.
En México, esta violencia se ha convertido en una herramienta del crimen organizado para influir en la vida pública de estados y municipios, amenazando a la joven democracia mexicana.
En una ponencia en la ciudad de Toluca, por Itxaro Arteta, encargada del manejo de comunicación y prensa de la organización Data Cívica, informó que, la violencia político-criminal aumentó más en el año 2006 con la llamada “Guerra contra el crimen organizado”, 2006 a 2012 se contabilizaron 311 ataques de este tipo con tales grupos de víctimas, para el periodo 2018-2023 se observan cerca de ocho mil 361 de estos eventos, además de cientos de ataques adicionales dirigidos a integrantes de fuerzas del orden y familiares de funcionarios, es decir, en el transcurso de diez años, casi se triplicó el uso de esta violencia contra actores políticos de alto perfil, cuyos objetivos son diversos: la multiplicación y consolidación de las redes de protección que sustentan al crimen organizado, el debilitamiento del sistema de seguridad y justicia, la ampliación del acceso de los grupos criminales a recursos económicos, la recopilación de información sobre lo que ocurre en los territorios bajo su control, entre otros.
En tanto, en el 2023 fue el año en el que se registró más víctimas de violencia político-criminal, con 575 personas e instalaciones atacadas, seguido por 2022 con 486, donde la mayoría de las víctimas ocupaban o competían por puestos a nivel municipal. 76.5 por ciento de las personas e instalaciones atacadas fueron de este nivel.
Itxaro Arteta indicó que en lo que va de 2024 se han registrado 19 personas precandidatas y candidatas asesinadas. Además, el reporte señala que, 14 personas precandidatas y candidatas que han sufrido otros tipos de ataques como amenazas, cinco ataques armados, ocho atentados, nueve secuestros y cero desapariciones, solo de enero a mayo.
Siendo Guerrero el estado que lidera la lista de estados con más ataques con el 11.3 por ciento ocurrieron ahí, seguido de Guanajuato, Veracruz y Oaxaca, lo que estos cuatro estados representan el 37.7 por ciento de todas las víctimas registradas.
El Estado de México agrupa 4.38 por ciento de las víctimas en el país y se han registrado 77 víctimas de asesinato, ataque armado, amenaza, atentado, secuestro a candidatas o candidatos, integrantes de partido, autoridades de elección popular, funcionarias y funcionarios, familiares, fuerzas de seguridad fuera de combate del 1 de enero de 2018 al 13 de mayo de 2024.
En abril el número de agresiones en contra de personas vinculadas a la política en el marco del actual proceso electoral aumentaron 63 por ciento comparado con marzo.
Asimismo, dijo que, de acuerdo con el informe, el mes pasado se registraron 70 eventos vinculados con la “violencia político-criminal” en el país y que, a menos de un mes de las elecciones del próximo 2 de junio, el 77 por ciento corresponden a puestos municipales, lo que muestra el interés del crimen organizado a nivel local, ya que así es como construye el control territorial, lo calidad por localidad, para después controlar regiones más grandes.
De acuerdo a partidos, a nivel nacional “un cuarto de las víctimas se concentra en administraciones morenistas, lo cual es lógico dado que Morena es el partido que más ayuntamientos ganó en las elecciones de 2028 y 2021; sin embargo, si consideramos que PAN, PRI, PRD han competido como coalición en la mayor parte de los municipios, este grupo de oposición concentra más del 40 por ciento de los ataques”, indicó Arteta.
Por territorio la especialista indicó que hubo un registro de 581 agresiones en municipios que concentran 75 millones de habitantes, lo que es el 60 por ciento de la población mexicana.
Por cargos dos de cada cinco victimas han sido fuerzas del orden, un tercio de las victimas se han concentrado en las presidencias municipales, entre alcaldías, sindicaturas y regidurías, en tanto un quinto de las personas atacadas son del área de elecciones y campañas, en especial quienes ocupan candidaturas.
Por género, solo dos de cada diez victimas son mujeres, sin embargo, su perfil es diferente: la mitad habían competido por un cargo de elección popular, es decir las atacaron siendo candiditas o ya en funciones, mientras que, entre hombres, la mitad eran funcionarios que no contendieron por ese puesto.
Por tipo de ataque se informó que el 60 por ciento de estas agresiones son asesinatos, el 18 por ciento fueron ataques armados sonde hubo víctimas, ocho por ciento recibieron amenazas, seis por ciento sufrieron atentados, 2 por ciento fueron desaparecidos y siete por ciento fueron secuestradas; es decir, ocho de cada diez ataques del crimen organizado contra actores políticos son letales.
Entre la correlación entre esta violencia y la participación de ciudadanos en las elecciones, como funcionarios de casillas y como votantes se encontró que por cada persona candidato o militante de partido atacada, aumenta casi el uno por ciento de sustitución de funcionarios de casilla el día de las elecciones; mientras que, por cada persona de la función pública atacada, el porcentaje de participación se reduce en tres puntos porcentuales.
“Lo que indica que por cada persona candidata atacada, tal reducción es de 1.3 por ciento, además encontramos que cada ataque adicional contra personas de la función pública, sin contra seguridad, aumenta el nivel generalizado de violencia en el año siguiente. Esto revela el riesgo de la violencia político- criminal para la democracia y la seguridad, debido a que, con la reducción de la participación ciudadana, el crimen organizado tiene más posibilidades de afianzar sus lazos con el aparato estatal y sus integrantes”, manifestó la encargada del manejo de comunicación de Data Cívica.
Por lo anterior, Data Cívica emite las siguientes recomendaciones de una política pública: uno, fortalecer la profesionalización de las corporaciones de seguridad municipales, desde adecuadas condiciones vulnerables y desmantelar redes de protección existentes; dos, desde las autoridades judiciales dar puntual seguimiento a la investigación y sanción para dar una señal clara del compromisos de proteger a autoridades vulnerables y desmantelar redes de protección existentes; tres, desde los partidos políticos asumir su responsabilidad en el proceso de postulación de candidaturas, dejando de lado perfiles cuya trayectoria y vínculos abonan a procesos de violencia, solución e impunidad; cuarto, desde las autoridades locales, elaborar planes de prevención y protección para las personas candidaturas en las entidades con mayor incidencia conforme a sus propias tendencias: Guerrero, Veracruz, Guanajuato, Oaxaca, Jalisco y Michoacán. Estos deberían incluir, al menos, medidas de protección viables para las personas que se encuentren en riesgo.
Así como generar mapas de riesgo electoral a nivel nacional, estatal y municipal, para socializarlos con los partidos políticos, instituciones de seguridad y justicia, sociedad civil y actores relevantes, y así mantener la información actualizada y pública.
Realizar un monitoreo y seguimiento constante de los incidentes de violencia, a cargo y en colaboración por parte de las autoridades relevantes, incluyendo al menos a instituciones electorales, de seguridad y justicia, de los tres niveles y órdenes de gobierno; utilizar los datos para identificar tendencias y objetivos de la violencia político-criminal en el país, más allá de los periodos electorales, con el fin de elaborar planes para su prevención.
Desarrollar medidas tanto de comunicación como de seguridad que den certeza a las y los votantes de las garantías para su participación.
“Los ataques contra personas funcionarias y candidatas son la cara más visible de la gobernanza criminal, pero es solo una dimensión de este fenómeno. Es probable que otros controles económicos y sociales estén en marcha o se produzcan en forma paralela. Atender las raíces del crecimiento rápido y generalizado de ataques de alto perfil debería ser una prioridad para la próxima administración federal del país. En este sentido, es necesario realinear los incentivos políticos en medio de una polarización creciente para diseñar e implementar políticas públicas que efectivamente fortalezcan a las instituciones locales, junto con el desmantelamiento de las redes que han sostenido la rápida evolución de la gobernanza criminal”, acotó.
