Magistrados federales han señalado anomalías graves en el proceso de evaluación; en especial advierten como grave que personal externo al Comité de Evaluación del Poder Ejecutivo (CEPE) está llevando a cabo entrevistas virtuales a los aspirantes, con preguntas que duran apenas unos minutos y sin la presencia de los integrantes del Comité.
La elección de jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial de la Federación está en el ojo del huracán tras dichas declaraciones.
La magistrada Edna Lorena Hernández Granados fue contundente: “Estas entrevistas no están siendo realizadas por el Comité como estipula la reforma, sino por jóvenes que no forman parte del proceso formal”.
A su vez, el magistrado Juan José Olvera López criticó duramente lo que considera una destrucción de los procesos meritocráticos que han caracterizado la carrera judicial.
Retroceso en la carrera judicial.
Según Olvera, el sistema actual pone en riesgo la calidad de los juzgadores al permitir que personas sin experiencia puedan acceder a altos cargos judiciales tras responder un par de preguntas en entrevistas virtuales.
“Se tira a la basura años de consolidación de la carrera judicial. Ahora cualquiera podría ser juez con base en criterios opacos”.
La reforma estipula que las entrevistas y evaluaciones deben ser realizadas exclusivamente por los cinco integrantes del Comité de Evaluación, quienes tienen la responsabilidad de identificar a los mejores perfiles con base en su conocimiento técnico, honestidad y trayectoria.
Sin embargo, hasta ahora ninguna reunión ni evaluación ha sido difundida públicamente, lo que alimenta las dudas sobre la transparencia del proceso.
El magistrado Olvera cuestionó la falta de rigor en las entrevistas: “¿Qué podría salir mal cuando sólo se hacen dos o tres preguntas a distancia?”.
¿Qué sigue para el Poder Judicial?
Mientras el Comité de Evaluación del Poder Ejecutivo asegura que las entrevistas comenzaron desde el 10 de enero, el Comité del Poder Legislativo apenas iniciará sus evaluaciones esta semana.
Sin embargo, las denuncias ponen en jaque la legitimidad del proceso y generan incertidumbre sobre la calidad y preparación de quienes serán los nuevos jueces y magistrados, pues de acuerdo con los datos más recientes, tendrán que entrevistar a alrededor de 11 mil aspirantes en unos cuantos días.
La falta de transparencia y la aparente simplificación del proceso podrían comprometer la confianza ciudadana en el sistema judicial mexicano, un pilar fundamental para el Estado de derecho.
