Una vez que se ha consumado la reforma al Poder Judicial propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, la ministra Yasmín Esquivel Mossa declaró que Norma Lucía Piña Hernández, ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), debe asumir su responsabilidad histórica ante el caos que tiene sumido al Poder Judicial actualmente. Y sobre este controvertido tema, reconoció que dicha reforma aún podría ser eliminada en el “máximo tribunal constitucional” y compartió su sentir sobre uno de los puntos torales de la reforma judicial: la elección popular de juzgadores.
Yasmín Esquivel Mossa compartió que el mensaje dado el pasado domingo por Piña Hernández, al presentar un par de documentos con propuestas “alternativas” a la reforma judicial, no abona ni al diálogo ni a la construcción de acuerdos con los otros dos Poderes de la Unión. Opinó que pese a que la función de una titular del Poder Judicial de la Federación (PJF) implica llevar una armonía con el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, esta adolece de todos esos aspectos.
“Es importante que la ministra, Norma Piña, asuma su responsabilidad histórica en todo esto que está pasando y en este caos que tiene hoy al Poder Judicial sumido en este problema… debe asumir la responsabilidad que tiene en todo esto al haberse distanciado, alejado, de los otros poderes del Estado y al haber roto los puentes que debió haber construido desde el primer momento. En congruencia debería asumir esta responsabilidad histórica frente a la institución que ella dice amar y querer, institución que ha abonado para su destrucción”, denunció.
Ante las interpretaciones de que Norma Piña ha aceptado con dolo recursos de la oposición y críticos al gobierno para frenar la reforma judicial, la ministra Esquivel fue cuestionada si esto sugería una intervención al Poder Legislativo, respondió que la ministra presidenta pudo haberlos desechado pero, haciendo uso de sus facultades, los admitió y turnó a los ministros Juan Luis González Alcántara Carrancá y Lenia Batres Guadarrama; en tanto, precisó que será el órgano en pleno el que determine qué seguirá.
“Efectivamente hay una consulta que está haciendo a los ministros y en el otro documento admite una contradicción de criterios que presenta el líder de uno de los partidos políticos. Este tipo de actuaciones está dentro de sus facultades, en este caso los admitió, pero finalmente será el pleno de la Suprema Corte el que determine qué ruta se dará a esos documentos. Sin embargo, por lo que estoy viendo, ninguno está planteando una propuesta… no hay ningún planteamiento, no hay nada qué votar, no hay nada que pueda impedir la continuación del poder reformador de la Constitución, que es el constituyente permanente, y cuya reforma judicial ya está en el recorrido por los diferentes estados en los Congresos locales”, afirmó.
Enseguida, se le abordó para conocer si en algún momento podría llegarse a discutir la validez de la reforma judicial en la SCJN, a lo que respondió que sí. Explicó que esto podría pasar ante cualquier impugnación sobre violaciones al proceso legislativo hecha por un actor facultado para presentar ese tipo de controversias, con relación a la forma de creación de la norma constitucional.
Sobre el “corazón de la reforma”, como ha denominado López Obrador a la elección por voto popular de jueces, magistrados y ministros, aseguró que no debilita el funcionamiento del “buen juzgador” y que no hay forma de que esto permita que intereses económicos, la delincuencia organizada o intereses ajenos se puedan incorporar el proceso de elección. Argumentó que los “comités de evaluación” que establece la nueva reforma serán suficientemente estrictos para analizar todos los perfiles de los abogados que se inscriban, a fin de que el elector tenga en su boleta solamente perfiles adecuados a los cargos.
“Es difícil que pueda filtrarse alguna persona que no tenga el compromiso con la ciudadanía. ¿A quién le va a deber el juez o magistrado su puesto? Pues a la votación popular, a las personas que hayan acudido a votar por él, que será la población. Entonces el juez o magistrado nunca antes habrá tenido más autonomía que ahora, su imparcialidad y su independencia la doy por hecho, pero su autonomía será absoluta porque ahora sí no le va a deber el puesto a ninguna persona”, cuestionó.
