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Paul Henri Sandaogo jura como nuevo presidente Burkina Faso

El líder del golpe de Estado perpetrado el pasado 24 de enero en Burkina Faso, el teniente coronel Paul Henri Sandaogo Damiba, juró .como nuevo presidente del país y anunció que su prioridad es reforzar la lucha antiterrorista.

En una ceremonia televisada en Uagadugú, Damiba prestó juramento ante el Consejo Constitucional y prometió “preservar, respetar y hacer cumplir la Constitución” y hacer todo lo posible “para garantizar la justicia para todos los habitantes de Burkina Faso”.

El líder del Movimiento Patriótico por la Salvaguarda y la Restauración (MPSR, como se llama la junta militar que dirige el país) también quedó investido como jefe de Estado y comandante supremo de las Fuerzas Armadas. 

Tras jurar el cargo, Damiba se dirigió a la nación con un discurso que comenzó con un minuto de silencio en memoria de las víctimas del terrorismo yihadista que azota a este país de la región del Sahel.

El nuevo mandatario dedicó “un pensamiento profundo para el pueblo de Burkina Faso que ha sufrido con dignidad los horrores del terrorismo desde más de seis años”.

“El viento de esperanza generado por el advenimiento del MPSR -señaló- da testimonio del desorden en que vive este pueblo valiente que pide sólo encontrar paz y tranquilidad para considerar su futuro con serenidad”.

“El restablecimiento de la integridad de nuestro territorio, prioridad absoluta, pasará por una reorganización de todas las fuerzas de combate, a fin de hacerlas complementarias e interoperables para una red eficiente del territorio nacional”, dijo el líder golpista.

Esa estrategia, indicó, implica “la necesidad de revitalizar la conexión entre la función de inteligencia y las operaciones de campo”.

Damiba señaló que ese planteamiento potenciará “la ofensiva contra todos los grupos armados que permanecerán en una lógica de propagación ciega de la violencia dentro de nuestras comunidades”.

El nuevo presidente aseguró también que combatirá la corrupción, que definió como “una verdadera serpiente de mar en nuestro país desde hace varias décadas”.

 Asimismo, agradeció a la comunidad internacional por “todos los esfuerzos realizados para apoyar a Burkina Faso” y reiteró su “disponibilidad para trabajar con plena soberanía con todos los socios dentro del respeto mutuo”.

Tras el juramento de Damiba, los burkineses esperan ahora el nombramiento de un primer ministro y un gobierno, así como la elaboración de la Carta de Transición que debería especificar la duración del MPSR en el poder.

Los militares tomaron el poder el 24 de enero tras la tensión vivida la víspera por los disparos en varios cuarteles militares de Uagadugú y otras urbes, unos incidentes calificados en un principio como un supuesto motín para exigir mejoras en las Fuerzas Armadas. 

La junta confirmó el golpe de Estado en la televisión estatal y anunció haber depuesto al presidente Roch Kaboré -quien acabó dimitiendo-, además de otras medidas, como la disolución del Gobierno y el Parlamento o la suspensión de la Constitución. 

Días después, los militares restablecieron parcialmente la Carta Magna y promulgaron una “Ley Fundamental”, que regirá la gestión del poder estatal a la espera de adoptarse una Carta de Transición. 

Esa ley nombra al MPSR como el “órgano central” de dirección del Estado y otorga al líer del Movimiento el título de presidente, jefe de Estado y jefe supremo del Ejército.

El pasado 27 de enero, en su primer mensaje televisado a la nación, Damiba advirtió de que la “normalidad constitucional” volverá cuando se den las condiciones que marque el pueblo burkinés. 

El golpe, que acarreó la suspensión del país por parte de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO) y la Unión Africana (UA), tuvo lugar después de la escalada del descontento social en los últimos meses por la inseguridad generada por la violencia yihadista. 

Burkina Faso, un país de África occidental limítrofe con Malí, Niger, Costa de Marfil, Togo y Benín, tiene una población de unos 20 millones de personas y sufre el yihadismo desde 2015.

Los ataques, que se atribuyen a grupos aliados de Al Qaeda y el Estado Islámico, provocaron más de 1.5 millones de desplazados internos, según el Gobierno burkinés. 

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