PRI impugnó ante el INE la elección presidencial con el argumento de que se registró “un cúmulo de irregulares graves“.
Así lo dio a conocer el propio Partido Revolucionario Institucional (PRI) mediante un comunicado en el que indica que tiene plenamente acreditadas dichas irregulares: “No reparables durante el proceso electoral y que en forma evidente vulneraron los valores constitucionales, enmarcados en los principios de certeza, imparcialidad, neutralidad y equidad en la contienda”.
En el documento, el Revolucionario Institucional indica que presentó la impugnación a través de su representante, Emilio Suárez Licona; en dicho documento acusan que las Mañaneras del Presidente.
“Constituyen ejercicios de propaganda, mediante los cuales se utilizó de manera permanente y sistemática el poder del Estado con fines electorales”.
El texto del Partido integrante de la coalición Fuerza y Corazón por México, que abanderó a Xóchitl Gálvez Ruiz, subraya que el presidente Andrés Manuel López Obrador de manera reiterada, hizo caso omiso a las medidas de no repetición que fueron dictadas por las autoridades electorales.
A la par, el PRI acusa que dicha práctica estuvo acompañada de: “La utilización permanente de recursos públicos con fines electorales, en particular reflejado en el uso indebido de los programas sociales por parte del gobierno federal, con la intención de beneficiar a los candidatos de Morena”.
Según el partido tricolor, dichas acciones se vieron reflejadas en una distribución selectiva de apoyos, condicionamiento de beneficios, así como la colocación de propaganda electoral en los eventos, y la intervención de los servidores de la nación.
A la par que “el clima generalizado de violencia, intimidación e inseguridad influyeron directamente en los resultados, lo cual genera dudas sobre su legitimidad”.
A su vez, el PRI indicó que su impugnación implica: “Someter a examen ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) el cúmulo de irregularidades que, de forma evidente y notoria, vulneraron la integridad de la elección, a efecto de que la autoridad jurisdiccional establezca un precedente relevante para que en futuros procesos electorales se tenga un criterio claro y contundente que permita prevenir la configuración de un escenario similar”.
