La presidenta Claudia Sheinbaum ha formalizado la extinción de varios organismos autónomos, incluyendo el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).
Esta medida implica la transferencia de sus funciones a diversas secretarías gubernamentales.
La reforma constitucional que respalda esta decisión fue aprobada por el Congreso mexicano y requiere la ratificación de al menos 17 de las 32 legislaturas estatales para entrar en vigor.
Dado que el partido gobernante, Morena, controla 24 congresos locales, se espera una rápida aprobación.
La eliminación de estos organismos ha generado críticas de la oposición, que argumenta que esta medida compromete la transparencia y la rendición de cuentas, al concentrar funciones clave en el Ejecutivo.
Además del INAI y el IFT, se eliminarán otros organismos como la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu).
La administración de Sheinbaum sostiene que esta reestructuración busca una mayor eficiencia gubernamental y el cumplimiento de compromisos internacionales, como el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
La extinción de los organismos autónomos en México, formalizada por la administración de Claudia Sheinbaum, se justificó principalmente bajo los argumentos de la reducción de costos y simplificación administrativa, esto luego de que el gobierno sostiene que los organismos autónomos representan un gasto elevado y duplican funciones que pueden ser realizadas por dependencias existentes.
Al eliminarlos, se busca optimizar recursos y centralizar la gestión en secretarías gubernamentales; también menciona que habrá mayor eficiencia gubernamental, ya que, la absorción de las funciones de estos organismos permitirá una toma de decisiones más ágil, eliminando trámites burocráticos que, en su opinión, han retrasado proyectos clave; así se logrará el cumplimiento de compromisos internacionales, debido a que se busca fortalecer áreas estratégicas como la competencia económica y el acceso a servicios de telecomunicaciones, respondiendo a las exigencias del T-MEC y otros tratados internacionales; Morena argumenta que los órganos autónomos han actuado en ocasiones con un sesgo político y han sido utilizados para proteger intereses de grupos particulares o corporativos, en lugar de servir al interés público; la reforma centraliza las atribuciones de órganos como el INAI y el IFT en secretarías como la de Gobernación y Economía, buscando tener un control más directo sobre áreas clave como la transparencia, la regulación de telecomunicaciones y la competencia económica.
Sin embargo, esta medida ha generado críticas de la oposición y de diversos sectores de la sociedad, quienes argumentan que se compromete la independencia y autonomía de la regulación, fiscalización y transparencia, se debilitan contrapesos democráticos necesarios para evitar abusos de poder además de que se corre el riesgo de una concentración excesiva de poder en el Ejecutivo, lo que podría derivar en menor rendición de cuentas y mayor opacidad gubernamental.
A pesar de las controversias, Morena y sus aliados justifican la reestructuración como una forma de modernizar el aparato estatal.
