Sin darle tantas vueltas al tema, que ya preocupa e inquieta a la economía del país, ahora la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) advirtió que la reforma judicial como la plantea la alianza oficialista, incrementa la incertidumbre del sector privado para hacer nuevas inversiones en el país y podría tener implicaciones negativas para la revisión del Tratado de Comercio de América del Norte (T-MEC) en 2026.
En un foro virtual titulado “Sobrerrepresentación y Reforma del Poder Judicial Federal”, el presidente nacional de la Coparmex, José Medina Mora Icaza, señaló que los empresarios le han compartido sus preocupaciones por la posible aprobación de la reforma judicial, en específico por la elección popular de los integrantes del Poder Judicial.
“La elección de jueces y magistrados eleva la incertidumbre, y disminuye la posibilidad de atraer inversiones frescas”, expuso el líder de la agrupación empresarial, quien detalló que la inversión extranjera directa está valuada en 36 mil millones de dólares estadounidenses al 2023.
Medina Mora sumó que empresarios le han comentado que han detenido sus proyectos de inversión fresca para México a raíz de la posible aprobación de la iniciativa, aunque no tiene cuantificado el impacto de ello.
“Lo que vemos es que las empresas que ya están en México están continuando con la reinversión de sus utilidades, lo que está detenido es la inversión fresca”, explicó.
Frente a la revisión del Tratado de Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), prevista para 2026, el presidente del Comité Jurídico y de Justicia de Coparmex, Marcos del Rosario, indicó que se requiere certeza jurídica para que la renegociación entre los tres países pueda ser positiva.
“Corren el riesgo muchas inversiones, y el Estado de derecho tiene que ser un pilar fundamental que garantice y propicie estas inversiones, sobre todo que tenemos a nada la renegociación del Tratado de Libre Comercio, que también tiene que generar certezas desde lo jurídico para que pueda esto trasminar de buena manera”, adelantó.
En el foro -que se repetirá en Guadalajara y Monterrey- también participaron integrantes de asociaciones como México Evalúa, el Consejo Nacional de la Abogacía Mexicana y la Barra Mexicana de Abogados.
Por su parte, Mora Icaza también aprovechó para señalar que la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde Luján, no tiene competencia para pronunciarse sobre los resultados electorales, tras las declaraciones de la funcionaria en las que acusó al bloque opositor de buscar que Morena y sus aliados, PT y PVEM, tengan la mayoría calificada en el Congreso de la Unión porque están en contra de la reforma judicial.
“La Secretaría de Gobernación no tiene competencia para manifestarse sobre los resultados electorales, para eso existe el Instituto Nacional Electoral, y como última instancia el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y lo que queremos es que se respete el espíritu de la Constitución”, expuso el líder de la Coparmex.
“Y que en ese sentido, cualquier cambio a la Constitución tenga la discusión de las distintas fuerzas políticas”, agregó.
Especialistas coinciden en necesidad de reformar el Poder Judicial, pero piden un mayor análisis del tema.
En su participación, la analista Mariana Campos, directora general de México Evalúa, acusó que puntos centrales para la procuración de justicia en materia penal quedaron fuera de la iniciativa de reforma, así como el diálogo con víctimas para conocer sus necesidades en este rubro.
“Hay mucho que trabajar, hay mucho que atender en las fiscalías, y lamentablemente está quedando fuera de la discusión, así como otras instancias importantes para la justicia como las defensorías públicas y los propios tribunales”, señaló.
Por ello, aseguró que la reforma judicial es una iniciativa “incompleta” que obedece a intereses políticos más que a una necesidad de mejorar el sistema de justicia en el país.
