El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), que se perfila como uno de los principales damnificados de la agenda legislativa de Morena, ante la inminente aprobación de reforma al Poder Judicial, así como la extinción de varios organismos autónomos, envió esta semana una carta a Sheinbaum para invitarla a reconsiderar la desaparición del organismo y reconocerlo como un “contrapeso necesario”.
Adrián Alcalá Méndez, comisionado presidente de la citada dependencia, lo llama el Plan D, de diálogo. A pesar de que la misiva no ha recibido respuesta ni ha habido contactos con la presidenta electa, que ya se ha pronunciado antes a favor de la extinción del instituto, hay confianza en llegar a un entendimiento. “Veo en Sheinbaum una mujer de Estado y dispuesta a dialogar”, aclaró.
Y ante el cuestionamiento directo del futuro que le espera a la institución y lo que pide a la próxima presidenta de México, respondió tajante.
“Fortalecer a la institución y los derechos de acceso a la información y de protección de datos personales. ¿Cómo? A través de un diálogo. Hay mucha desinformación y muchos mitos que se han generado sobre la labor que realiza el Inai y si somos costosos u onerosos o no. Por eso, es importante este acercamiento, que quienes integramos el pleno del instituto podamos dialogar con ella, su equipo y los legisladores que a partir del 1 de septiembre integrarán el Congreso de la Unión, y que en términos legislativos serán precisamente quienes tomarán la decisión. Sabemos que es una mujer de Estado. Nosotros somos también una institución del Estado mexicano y como tal debemos dialogar. No estamos entrando en conflicto con ningún poder, ni el Legislativo, ni el Ejecutivo ni el Judicial. Estamos cumpliendo con nuestro papel y nuestra responsabilidad”.
También habló de la impresión que le deja Sheinbaum Pardo como presidenta electa.
“Que es una mujer de Estado, que ya no asume un papel de campaña y que, a pesar del gran margen con el que llega, antepondrá los intereses de las mexicanas y los mexicanos. Veo una mujer preocupada por lo que pasa en el mundo, no sólo en el país; que tutelará los derechos fundamentales de todas y de todos; que tiene una visión diferente, y que pretende modernizar al Estado mexicano a través de las instituciones públicas. Por eso, llamó a un diálogo sobre el Poder Judicial y es lo que esperamos también, que lo traslade a los órganos autónomos. Hoy, me toca defender al Inai y hemos querido ser actores y no espectadores en este proceso”.
Defiende y asume su postura ante quienes llaman al Inai como una “burocracia dorada”.
“Difícilmente es una burocracia dorada. Las instituciones funcionan gracias a las personas. Aquí en el Inai contamos con alrededor de 800 personas, que en muchos casos cubren traslados largos para defender los derechos fundamentales. Y, la verdad, la retribución es justa a su trabajo. Los cuatro comisionados que integramos el pleno del Inai estamos resolviendo más recursos en menor tiempo. Eso significa que nuestros colaboradores están realmente comprometidos.
“Después de la alternancia en 2018, el Inai fue la única institución del Estado mexicano en la que ningún comisionado promovió amparo para mantener su sueldo.
“Hubo una reducción al presupuesto, una eliminación de prestaciones y los comisionados del Inai no recibimos un sueldo mayor que el del presidente ni otras prestaciones. Se ha desmitificado esa situación de la burocracia dorada y creo que es una situación negativa, porque lastima a mujeres y hombres que se preparan y que trabajan”.
Y adelantó los cambios que tendrían que hacerse para mejorar al Inai.
“Hay que defender los derechos humanos con un lenguaje que cualquier persona pueda entender.
“Cuando hablamos de apertura, no se trata sólo de transparentar todo, sino de tener una comunicación directa y eficaz con quien pide la información. Nos hace falta eso. Se puede mejorar la comunicación también, no sólo con la gente de las ciudades, sino también de las zonas rurales para que conozca el potencial que tiene la transformación, ser más eficientes en el gasto de los recursos públicos.
“Se pueden hacer más sencillos los trámites, ser más eficientes en nuestras resoluciones y su cumplimiento, mejorar el acceso a la información. Todos son impactos legislativos que se tienen que hacer”.
