La Corte Penal Internacional (CPI) ha emitido órdenes de detención contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y el exministro de Defensa del país hebreo, Yoav Gallant, por presuntos crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra cometidos desde al menos el 8 de octubre de 2023 hasta al menos el 20 de mayo de 2024, día en que se presentaron las solicitudes de órdenes de detención.
Un comunicado de la CPI dice que la Sala de Cuestiones Preliminares I de la corte “consideró que la presunta conducta de los señores [Benjamín] Netanyahu y [Yoav] Gallant entraba dentro de su jurisdicción”. “La Sala recordó que, en una composición anterior, ya decidió que la competencia del tribunal en la situación se extendía a [la Franja de] Gaza y Cisjordania, incluida Jerusalén Este”, añade.
“Con respecto a los crímenes, la Sala encontró motivos razonables para creer” que Netanyahu y Gallant “tienen cada uno responsabilidad penal por los siguientes crímenes como coautores de cometer los actos conjuntamente con otros: crimen de guerra de inanición como método de guerra; y crímenes de lesa humanidad de asesinato, persecución y otros actos inhumanos”, detalla la CPI.
“La sala también encontró motivos razonables para creer que el señor Netanyahu y el señor Gallant tienen cada uno responsabilidad penal como superiores civiles por el crimen de guerra de dirigir intencionadamente un ataque contra la población civil”, denuncia. Las órdenes de detención se clasifican como “secretas”, para proteger a los testigos y salvaguardar el desarrollo de las investigaciones.
En paralelo, el tribunal también dictó otra orden de detención contra Mohammed Diab Ibrahim al Masri, conocido comúnmente como ‘Deif’, presunto artífice del atentado de Hamás del 7 de octubre, al que Israel dijo haber matado en julio.
La sala también consideró que Netanyahu y Gallant “privaron intencionadamente y a sabiendas a la población civil de la Franja de Gaza de artículos necesarios para su supervivencia, como alimentos, agua, medicamentos y suministros médicos, así como combustible y electricidad”.
“Sus acciones han provocado la interrupción de la capacidad de las organizaciones humanitarias para suministrar alimentos y otros bienes esenciales a la población necesitada de Gaza”, explica la corte. Mientras, las restricciones de Israel, junto con los cortes de electricidad y la reducción del suministro de combustible, también afectaron gravemente la disponibilidad de agua en el enclave palestino y la capacidad de los hospitales para prestar atención médica.
“Estas dos personas son responsables de causar grandes sufrimientos a personas que necesitaban tratamiento”, agregó. “Se obligó a los médicos a operar a los heridos y a realizar amputaciones, incluso a niños, sin anestesia y/o se les obligó a utilizar medios inadecuados e inseguros para sedar a los pacientes, causando a esas personas gran dolor y sufrimiento”, enfatizó el tribunal.
La CPI también observó que “las decisiones por las que se autorizaba o aumentaba la ayuda humanitaria en Gaza eran a menudo condicionales”. No se adoptaron para cumplir las obligaciones de Israel en virtud del derecho internacional humanitario […] De hecho, respondían a presiones de la comunidad internacional o a peticiones de Estados Unidos”, aseveró. En general, la CPI concluyó que Netanyahu y Gallant “privaron a una proporción significativa de la población civil de Gaza de sus derechos fundamentales, incluido el derecho a la vida y a la salud, y que la población fue objeto de ataques por motivos políticos y/o nacionales”.
