* Denuncian irregularidades y falta de perspectiva de género……
* Hicieron un llamado a la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, para que conozca el caso y, desde su ámbito de competencia, impulse una revisión con sensibilidad hacia los derechos de las mujeres……
Por Mireya Álvarez
Toluca, Méx.- Familiares y representantes legales de Cinthia González se manifestaron este día frente a las instalaciones del Poder Judicial de la Federación en Toluca para exigir la revisión del proceso que derivó en una sentencia de 110 años de prisión en su contra, al considerar que estuvo plagado de irregularidades y carente de pruebas contundentes.
La defensa de Cinthia está encabezada por Leticia Fernández González, licenciada en Derecho e integrante de la organización Fundación “Mujeres Construyendo”, quien aseguró que la condena se dictó con “insuficiencia probatoria” y sin que existiera una prueba directa que acreditara la participación de su representada en el delito.
Cinthia fue acusada de secuestro y posteriormente sentenciada por el asesinato de un hombre con quien mantenía una relación de amistad, y de acuerdo con la defensa, el principal señalamiento en su contra fue haber sido la última persona que vio con vida a la víctima, quien desapareció después de que él la dejara en su domicilio.
“Jamás existió una prueba objetiva como llamadas telefónicas, grabaciones de voz o algún elemento técnico que la vinculara directamente con el secuestro; la sentencia se construyó a partir de señalamientos y conjeturas”, afirmó Fernández González.
Uno de los elementos que, según la defensa, influyó de manera determinante en el fallo fue la declaración del policía ministerial Felipe Arzola Cortés, quien afirmó que uno de los detenidos durante el operativo de rescate habría señalado que mantenía una relación sentimental con Cinthia; sin embargo, la abogada sostuvo que dicho testimonio no fue robustecido con ninguna otra prueba. “No existe corroboración documental, ni investigación que acredite esa supuesta relación, solo fue una afirmación de palabra que la juez, por cierto, mujer, dio por válida”, acusó.
La integrante de la Fundación añadió que incluso la narrativa del caso cambió durante el proceso, pues en un inicio se insinuó que Cinthia mantenía una relación con la víctima y después con otro de los implicados, lo que, dijo, “evidencia inconsistencias en la investigación”.
La defensa también denunció que Cinthia fue objeto de un trato denigrante durante las audiencias, donde familiares de la víctima la señalaron públicamente como “amante”, situación que, aseguran, fue permitida por la juzgadora.
“Se vulneró el principio de presunción de inocencia y no se juzgó con perspectiva de género; el hecho de ser mujer la colocó en una condición de mayor vulnerabilidad; fue criminalizada no por pruebas, sino por estereotipos…al momento de los hechos, Cinthia tenía 22 años y comenzaba su vida laboral tras concluir sus estudios, actualmente lleva más de nueve años recluida en el penal de Santiaguito”, reveló.
La defensa subraya que otras personas detenidas en el lugar donde presuntamente se realizaba el cobro del rescate recibieron sentencias menores, una de ellas de 70 años, lo que consideran una disparidad injustificada frente a los 110 años impuestos a Cinthia.
Durante la manifestación, los familiares solicitaron que se realice un análisis minucioso del amparo 428/2025, radicado en el Segundo Juzgado del Tribunal Colegiado de Justicia, el cual actualmente se encuentra en trámite de resolución.
La abogada expresó su confianza en que el Tribunal Federal revise de manera exhaustiva el expediente y valore si existieron violaciones procesales o deficiencias probatorias que influyeran en la sentencia.
“Lo único que pedimos es que se revise a fondo, la ley es clara, una sentencia condenatoria solo debe dictarse cuando no exista duda razonable sobre la responsabilidad. En este caso, no hay prueba directa ni siquiera indicios periféricos que acrediten una participación activa en el delito”, subrayó.
Asimismo, hicieron un llamado respetuoso a la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, para que conozca el caso y, desde su ámbito de competencia, impulse una revisión con sensibilidad hacia los derechos de las mujeres.
Mientras el amparo sigue su curso, la familia de Cinthia insiste en que el caso representa un ejemplo de las fallas estructurales del sistema de justicia penal y confía en que el Poder Judicial realice un estudio detallado que permita esclarecer si la sentencia fue emitida con apego a derecho o si, como sostienen, se trató de una condena sin sustento probatorio suficiente.
