* Congreso Mexiquense trabaja para calificar como grave el huachicoleo de agua con penas de hasta 30 años de prisión……
Por Martha Romero
En el Estado de México el 40% del agua potable es robada, ya sea por desvío o sustracción a través de tomas clandestinas o de pozos irregulares, mejor conocido como huachicoleo, por lo que en el Congreso Mexiquense analizan que este delito sea calificado como grave y que se persiga de oficio, es decir, sin necesidad de que exista una denuncia para investigarlo y castigar a las personas culpables.
En reunión de trabajo las comisiones de Procuración y Administración de Justicia con Recursos Hidráulicos analizaron las iniciativas presentadas por los grupos parlamentarios de Morena y del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), donde la primera propone sanciones de hasta 30 años y multas de 2.8 millones de pesos por extracción, apropiación, restricción o suministro de agua potable.
Lo anterior si no cuenta con el permiso de distribución o la evaluación correspondiente, expedido por la autoridad competente, además de ser calificado como grave y se acredite como un daño a la nación.
La propuesta refiere que de 2023 a 2024 sólo se registraron 37 denuncias por este delito, pero que ningún caso fue judicializado, por lo que se busca ayudar a que las autoridades logren castigos severos contra las personas culpables, pues en la entidad mexiquense se roban cuatro litros de agua por segundo.
Mientras que la segunda propuesta propone que el delito de extracción ilegal del agua con fines de lucro sea tipificado como delito grave para que se persiga por oficio y no por querella, así como que se apliquen las sanciones de acuerdo con los daños que generen a las personas.
La iniciativa reconoce vacíos legales que toleran la impunidad y la corrupción, por lo que de considerarse como delito grave, a la persona responsable de robo del agua potable se le podrían dictar medidas de prisión preventiva oficiosa, que conlleva la privación temporal de la libertad, con el fin de garantizar su presencia en el desarrollo de la investigación.
Las y los legisladores concordaron en que es necesario enriquecer las propuestas con las observaciones de la Consejería Jurídica estatal, de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem) y de los municipios que son fuente del suministro, particularmente en el establecimiento de penas con prisión, y en las medidas para proteger el recurso hidráulico desde su origen.
También deben considerar las diferentes realidades por las que atraviesan los municipios para garantizar el acceso al agua potable a la población, pues hay falta de suministro en zonas marginadas y hospitales, además de que hay referencias de que las empresas desperdician el líquido.
Finalmente, indicaron que las propuestas contribuirán a combatir la impunidad en la materia, por lo que sería oportuno enriquecerlas, sobre todo en casos de pozos comunitarios, organismos operadores y municipios donde se origina el suministro, como manantiales y áreas naturales.
