Ayer jueves, la Fiscalía de los Estados Unidos asegura haber refutado todos los recursos interpuestos por la defensa del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, con el fin de evitar que, gracias a los delitos por los que se le imputa, le sea impuesto un nivel de ofensa 43, el mayor de todos en el sistema legal norteamericano, y con esta acción, sea inevitablemente condenado a prisión vitalicia por su involucramiento con el Cártel de Sinaloa.
Fue así, que en una carta presentada el pasado jueves ante la Corte de Distrito Este de Nueva York, la Fiscalía afirma que en contraste con lo mencionado por la defensa del mexicano, García Luna sí demostró apoyo a una organización criminal, como fue probado durante el juicio a inicios de 2023. “El acusado conspiró con el Cártel de Sinaloa y aceptó decenas de millones de dólares en sobornos a cambio de asistir al Cártel de Sinaloa con la importación de grandes cantidades de cocaína dentro de Estados Unidos”, afirmó la Fiscalía.
Asimismo, confirmó tener evidencias que indican que el exfuncionario buscó obstruir la justicia, al intentar sobornar a otros presos del Centro Metropolitano de Detención de Brooklyn a modo de facilitar su petición para un nuevo juicio, entre los que destacan; Juan Carlos Nava Valencia, El Tigre, hermano de uno de los testigos en contra de García; Óscar Orlando Nava Valencia, El Lobo, ambos exlíderes del extinto Cártel del Milenio.
“El gobierno demostró en juicio que el acusado y sus coconspiradores ayudaron corruptamente al cártel al proveer policías armados para apoyar las actividades ilegales del cártel”, ahondó la Fiscalía, para asegurar que también se debe de tomar en cuenta la ofensa por utilización de armas de fuego para cometer una ofensa.
El gobierno de Estados Unidos reafirmó, por ejemplo, que Sergio Villarreal Barragán, alias El Grande, mencionó durante el juicio que el Cártel de Sinaloa disponía de elementos de las policías federales para asesinar rivales.
Por último, en la misiva, concluyen con que el exfuncionario mexicano también tuvo como medio de sustento su involucramiento con el Cártel de Sinaloa, pues su salario no era comparable con la millonaria suma que le habría entregado la organización criminal.
“El acusado obtuvo decenas de millones de dólares del Cártel de Sinaloa en sobornos, en comparación con el salario que tenía como oficial del gobierno mexicano. Y la posición del acusado en el gabinete presidencial mexicano fue una fachada de la membresía del acusado en el Cártel de Sinaloa porque el acusado usó su posición oficial para impulsar de manera encubierta y corrupta las metas del Cártel de Sinaloa. Por lo tanto, la evidencia demuestra que el acusado se involucró en esta conducta criminal como forma de vida”, detallan los fiscales.
A finales de mayo, los abogados del ciudadano mexicano presentaron una serie de argumentos legales con el objetivo de reducir el nivel de gravedad del delito de García Luna de 43 a 42. Esto permitiría que, según las pautas de sentencia de Estados Unidos, el juez Brian Cogan, encargado del caso, tenga la facultad de imponer una sentencia de entre 30 años de prisión y cadena perpetua. García Luna fue hallado culpable de los cinco cargos relacionados con conspirar con el Cártel de Sinaloa para traficar cocaína durante su mandato como funcionario mexicano. La reducción del nivel de gravedad evitaría una sentencia de prisión de por vida obligatoria, asociada al nivel 43.
