La decisión está tomada desde lo más alto de la cúpula presidencial, y parece que sólo es cuestión de tiempo para que, finalmente, la sentencia sea cumplida. Por ello, con el objetivo de “transversalizar” la austeridad republicana y corregir una supuesta duplicidad de funciones, el Plan C del presidente Andrés Manuel López Obrador pone en la mesa la extinción de siete organismos constitucionalmente autónomos a los que, según adelanta la iniciativa, se han destinado 32 mil 313 millones de pesos entre 2018 y 2024.
Es un secreto a voces que dichas instituciones se han convertido en algo así como una obsesión o una cuenta pendiente para el Gobierno.
Y tampoco es un secreto su identidad. Se trata del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), así como la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu).
Fuentes cercanas al tema detallan que de acuerdo con el proyecto de reforma constitucional, las atribuciones de dichos organismos serían asumidas por dependencias de la administración pública federal y los ahorros generados por su extinción se destinarían al Fondo de Pensiones para el Bienestar.
“Con el propósito de tener una perspectiva clara de la problemática, el presupuesto total otorgado a los organismos anteriormente señalados, de 2018 a 2024, equivale a 5 millones 385 mil 591 pensiones bimestrales para personas adultas mayores”, se explica en la exposición de la iniciativa presentada ante la Cámara de Diputados el 5 de febrero de este año.
Detalla que de los 32 mil 313 millones de pesos asignados a las siete instituciones en los últimos siete años, más de la tercera parte, 11 mil 451 millones, correspondieron al IFT, mientras 6 mil 908 millones fueron para el Inai.
La Cofece ejerció a su vez 4 mil 341 millones de pesos; Mejoredu, 3 mil 134 millones; el Coneval, 2 mil 908 millones; la CRE, mil 912 millones, y la CNH, mil 655 millones.
Por otra parte, vale aclarar que dentro del “Plan C” existen particularmente ciertas reformas que han generado inquietud y nerviosismo entre los inversionistas pues, bajo su perspectiva, podrían restar certidumbre jurídica, la estabilidad democrática y generar un ambiente menos atractivo para las inversiones y los negocios.
El mismo presidente López Obrador ha reconocido que la reforma al Poder Judicial es la que genera más nerviosismo entre los inversionistas. Por ello el Presidente ha reconocido: “la justicia está por encima de los mercados”.
Ya se ha explicado de manera puntual que en dicha reforma se cambiaría la manera en que se eligen los ministros y jueces en la Corte, pues contempla que ahora sean de-
signados mediante el voto popular, cuando actualmente es el Ejecutivo quien envía ternas al Senado para su aprobación.
Por lo que hace a la Reforma Electoral, se adelanta que con ella cambiaría tanto al Instituto Nacional Electoral (INE) como al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Por un lado, plantea eliminar los plurinominales en el Congreso, así como la reducción de presupuestos a partidos políticos y al INE, y plantearía la elección popular de magistrados del TEPJF, así como las máximas autoridades del INE.
“La elección popular de magistrados y tribunales limitará la imparcialidad de los mismos al poder tener compromisos con los partidos. Aún no es claro el mecanismo de elección que se propondrá”, explicaron desde Intercam Banco.
De acuerdo con analistas, estas dos propuestas en particular van encaminadas a debilitar el marco institucional de estos órganos independientes.
