Durante su participación en los Diálogos Nacionales para la Reforma del Poder Judicial, convocados por la LXV Legislatura, Yasmín Esquivel Mossa, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), propuso una elección progresiva de juzgadores, consistente en la aplicación de elecciones populares sucesivas para cubrir de forma escalonada cargos que queden vacantes por causas como renuncia, muerte o retiro; posiciones que se irán ocupando gradualmente.
Al precisar que se requieren jueces de excelencia y con legitimidad social, Esquivel Mossa resaltó que, además de democratizar el acceso a la titularidad de cargos en el Poder Judicial, un reto mayor es el de mantener la independencia y autonomía respecto a los demás Poderes constituidos, fácticos o económicos.
“Ambos atributos, independencia y autonomía son inherentes a la función jurisdiccional en todos los países libres, son cualidades que nos garantizan a todos que la legislación se aplicará libre de toda atadura ideológica o política”, y que, así como se les exige respetar el marco legal aplicable a quienes emprenden cualquier actividad productiva o comercial, “ese mismo orden jurídico les brindará protección suficiente, a través de sus autoridades y jueces”, puntualizó la ministra.
Tras referir que para evitar interpretaciones arbitrarias “lo que debemos es generar seguridad jurídica”, Yasmín Esquivel destacó que el Poder Judicial ya cuenta con un amplio capital humano de personas juzgadoras, quienes resuelven casi un millón 500 mil asuntos anualmente, y cuyo acceso al cargo pasó por cursos de especialización, evaluaciones y concursos de oposición.
Yasmín Esquivel entregó a los legisladores su propuesta con siete puntos esenciales: elección por voto popular de todos los integrantes de la SCJN y del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial; sustitución progresiva de juezas, jueces, magistradas y magistrados; garantía de idoneidad y excelencia en los perfiles de los juzgadores; respeto a los derechos laborales de todas y todos; observancia a la paridad de género; jueces cercanos a la gente; y justicia para todas las personas por igual.
Con ello se busca contribuir con los cambios que requiere la importante función de impartir justicia, para recuperar la confianza ciudadana.
