La mayoría de Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados preparan la ruta para dejar aprobado en la Comisión de Puntos Constitucionales el paquete de iniciativas que conforman el llamado “Plan C” del presidente Andrés Manuel López Obrador, con el objetivo primordial de tener listos los dictámenes antes de la conclusión de la LXV Legislatura.
De acuerdo con la convocatoria lanzada para sesionar este jueves, la Junta Directiva de dicha comisión, presidida por el diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz (Morena), avalará el calendario de reuniones para discutir y votar los proyectos de dictamen de las iniciativas presentadas por el Ejecutivo Federal el pasado 5 de febrero de 2024. La aprobación de este calendario permitirá convocar a todos los integrantes de la comisión en agosto.
Se adelanta que el 1 de agosto, la Comisión de Puntos Constitucionales celebrará su 23.ª reunión ordinaria, donde se espera avanzar significativamente en la discusión y aprobación de diversos proyectos de dictamen.
Según fuentes cercanas a la institución, la sesión iniciará con el registro de asistencia y la declaratoria de quórum, seguida de la declaración de la reunión en carácter de permanente, permitiendo extender las deliberaciones según sea necesario.
De acuerdo con el proyecto en análisis, el 1 de agosto se discutirá la reforma al Poder Judicial, que incluye la elección de jueces y magistrados por voto popular, así como la eliminación de órganos autónomos y otros temas críticos del “Plan C” de Andrés Manuel López Obrador, ello a pesar de que los foros para discutir la viabilidad de esta reforma terminan hasta el 8 de agosto.
Se informa también que entre otra de las iniciativas a tratar se encuentran modificaciones importantes al Artículo 123 de la Constitución, abarcando apoyo a jóvenes, pensiones de retiro, salarios y vivienda para los trabajadores.
También están previstas discusiones sobre reformas en materia de austeridad, percepciones de servidores públicos, empresas estratégicas, prisión preventiva oficiosa, Guardia Nacional, derechos de comunidades indígenas y afromexicanas, transporte ferroviario, simplificación orgánica, justicia electoral y justicia en general.
Vale destacar que la legislación parlamentaria permite aprobar los proyectos de decreto con los votos de la mayoría simple de la comisión, es decir, con el aval de la mitad más uno de los diputados asistentes. Sin embargo, para que estos dictámenes de modificación constitucional sean aprobados en el pleno de la Cámara de Diputados, se requiere una mayoría calificada de 67 % de los votos.
Actualmente, Morena y sus aliados no cuentan con esa mayoría calificada en el pleno, lo que podría complicar la aprobación final de las reformas. La votación de 54 % obtenida por los candidatos de la coalición en las últimas elecciones les permitiría una mayoría simple en la próxima legislatura, pero aún se cuestiona la posible sobrerrepresentación.
En ese sentido, la oposición ha solicitado al Instituto Nacional Electoral (INE) y al Tribunal Electoral revisar las proyecciones oficiales, alegando que se están asignando más curules de las que corresponden, lo cual violenta el Artículo 54 de la Constitución.
Las decisiones de la Comisión de Puntos Constitucionales podrían definir el destino de estas reformas en la siguiente legislatura, que iniciará el 1 de septiembre.
Las reformas que se discutirán en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados serían las siguientes: Modificación al Artículo 123 de la Constitución en materia de apoyo a jóvenes. Pensión de retiro, salarios y vivienda para trabajadores.
Modificación a los Artículos 3.°, 4.°, 5.°, 27 y 73 de la Constitución en materia de agua, alimentos y protección al medioambiente; Atención médica, Bienestar, Protección a la salud y Protección y cuidado animal.
Modificación en materia de austeridad y percepciones de servidores públicos.
Modificación en materia de áreas y empresas estratégicas.
Modificación al Artículo 19 de la Constitución en materia de prisión preventiva oficiosa.
Modificación en materia de Guardia Nacional.
Modificación al Artículo 2.° en materia de pueblos y comunidades indígenas, así como afromexicanos.
Modificación al Artículo 28 en materia de vías y transporte ferroviario.
Modificación en materia de simplificación orgánica.
Modificación en materia electoral.
Modificación en materia de justicia.
