La reciente polémica sobre la sobrerrepresentación en el ámbito legislativo ha generado un debate significativo. Ante esta situación, el Instituto Belisario Domínguez (IBD) del Senado ha destacado que existen diversos criterios administrativos y jurisdiccionales establecidos en diferentes momentos electorales para proteger los derechos de las minorías parlamentarias.
Según un análisis del IBD, tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) han emitido resoluciones clave para abordar el problema de la sobrerrepresentación.
Además, el Instituto Nacional Electoral (INE) ha implementado acuerdos para asegurar la representación de todas las fuerzas políticas que cumplen con el porcentaje mínimo de votación requerido.
Estas medidas buscan equilibrar la toma de decisiones y fortalecer el trabajo legislativo.
El análisis del IBD señala que las resoluciones de la SCJN y del TEPJF, así como los acuerdos del INE, han sido fundamentales para prevenir la sobrerrepresentación de partidos o coaliciones que podrían desequilibrar la Cámara de Diputados. Este desequilibrio podría haber llevado a una situación en la que las voces de las minorías y el pluralismo partidario no estuvieran adecuadamente representados en la discusión y votación de leyes.
De igual manera, el documento en donde se hace referencia al tema también destaca que, a lo largo del tiempo, se han interpuesto recursos legales y reformas electorales para preservar la participación de las minorías.
Vale destacar que un ejemplo significativo es la reforma constitucional de 1996, que buscó tutelar la voluntad ciudadana mediante el voto igual y garantizar la representación política.
También se mencionan las resoluciones de la SCJN en 1998 y las decisiones más recientes del TEPJF en 2021, que han protegido el mandato constitucional al imponer límites a la sobrerrepresentación.
Al profundizar en el tema el análisis del IBD subraya que la SCJN ha reconocido el sistema de representación proporcional como un mecanismo crucial para mantener el pluralismo político.
Este sistema permite que todas las corrientes políticas relevantes, incluso las minoritarias, sean representadas en el Legislativo.
La introducción del principio de proporcionalidad tiene como objetivo dar una representación más adecuada a todas las corrientes políticas y evitar la distorsión extrema de la voluntad popular que puede ocurrir en sistemas de mayoría simple.
Por su parte, el INE, a través de acuerdos emitidos en 2021, ha establecido normas sobre coaliciones y afiliación efectiva para proteger la participación de las minorías en la Cámara de Diputados para la Legislatura LXV.
Estas acciones administrativas y judiciales han garantizado que todas las fuerzas políticas que recibieron el porcentaje mínimo de votación requerido sean adecuadamente representadas.
