Las voces se hacen escuchar entre los jueces, ministros y magistrados, ante las afectaciones que podrían generarse, una vez que se consuma la reforma al Poder Judicial, tal como lo plantea el presidente Andrés Manuel López Obrador.
De acuerdo con las estadísticas del Poder Judicial Federal (PJF), la reforma del presidente AMLO a este organismo no ayudaría a acelerar la resolución de los casos en seis meses, como lo plantea, pues no propone una solución a la carga de trabajo anual que tienen cada año Juzgados Ordinarios de Distrito, Tribunales Colegiados de Circuito y Tribunales Colegiados de Apelación.
El órgano jurisdiccional en 2023 documentó un millón 474 mil 355 asuntos, mientras el número de titulares fue de mil 237 y al final de 2026, que es hasta donde se puede tener una proyección segura, deberían atender 2 millones 34 mil 77 asuntos con el mismo número de titulares.
Es decir, pasaría de mil 192 asuntos que atienden actualmente cada uno de los servidores públicos, a mil 644 en 2026, que representa 38 % más, esta situación se traduciría en un rezago que impactaría a los justiciables.
Fuentes judiciales refieren que la propuesta es un modelo rígido, que prioriza el calendario electoral a la demanda de justicia, porque establece que las elecciones para cubrir las vacantes de los órganos jurisdiccionales deben ser concurrentes con las de otros cargos de elección popular.
También se advierte que la propuesta de reforma del gobierno contempla establecer un máximo de seis meses, es decir, 186 días, para resolver sobre asuntos de naturaleza administrativa o judicial, y cuatro meses, que comprende 124 días, a asuntos de naturaleza penal.
Esto sin considerar que la duración de los procedimientos depende tanto de los plazos procesales, características particulares como tipo de asunto, número de partes involucradas, autoridades responsables y actos reclamados y tipo de delitos.
Por ejemplo, en un Juzgado de Distrito con procesos penales federales, la duración promedio es de 803 días, representa 26 meses.
En el caso de un Tribunal Colegiado de Circuito, un amparo directo tiene una duración aproximadamente de 211 días, es decir siete meses.
Además de factores externos como estrategia de litigio que puede traducirse en un número de recursos que alargan el procedimiento, el caso de notificaciones recurrentes, domicilios imprecisos que ocasionan retraso en la actividad.
Las estadísticas resaltan que la demanda de justicia, que es el número de asuntos que ingresan al organismo jurisdiccional en los últimos nueve años, documenta un crecimiento de 43.6 %, mientras que el número de juzgados y tribunales aumentó 20.3 %.
