A pesar de la decisión del juez C. J. Sailor, de la Corte Federal de Distrito en Boston, Massachusetts, de desestimar la demanda de más de 10 millones de dólares que entabló México contra seis empresas fabricantes de armas en Estados Unidos, se informa ahora que el litigio no ha concluido.
En las demandas que México inició este sexenio contra las armerías de Estados Unidos, el gobierno federal argumenta que estas empresas están implicadas en el trasiego ilegal de pistolas, rifles semiautomáticos y municiones.
Hay que recordar que en el caso de Boston, México presentó una demanda contra ocho fabricantes de armas, de los cuales seis solicitaron al juez Sailor desestimar el litigio, lo que les fue concedido bajo el argumento de que no hay pruebas de vínculos comerciales de estas con la jurisdicción de Massachusetts.
“Obviamente, el gobierno de México no es ciudadano de Massachusetts. Ninguno de los seis demandados está constituido en Massachusetts y ninguno tiene un lugar principal de negocios en Massachusetts. No hay evidencia de que alguno de ellos tenga una planta de fabricación, o incluso una oficina de ventas, en Massachusetts. Ninguna de las supuestas lesiones ocurrió en Massachusetts. Se alega que ningún ciudadano de Massachusetts ha sufrido lesiones. Y el demandante no ha identificado ningún arma de fuego específica, o conjunto de armas de fuego, que se haya vendido en Massachusetts y haya causado lesiones en México”, señaló el juzgador en la resolución emitida en el caso 1:21-cv-11269-FDS.
En este caso, el demandante (México) no ha estado ni cerca de cumplir con su carga de mostrar un “caso convincente” para fijar la jurisdicción personal. No ha demostrado realmente qué información, si la hay, podría establecer que los seis acusados cumplen con los requisitos de jurisdicción para el estado de Massachusetts. En consecuencia, su solicitud de subsanar las deficiencias sobre la jurisdicción personal es rechazada.
La resolución beneficia a las empresas Barrett Firearms Manufacturing, Inc.; Beretta USA, Corp.; Century International Arms, Inc.; Colt’s Manufacturing Company, LLC.; Glock, Inc. y Sturm, Ruger & Co.
Sin embargo, fuentes federales confirmaron que subsisten los litigios contra Smith & Wesson e Interstate Arms, que tienen sus oficinas en Massachusetts, por lo que el criterio del juez Sailor no podrá aplicárseles.
Además, México todavía puede impugnar la decisión del juez Sailor para intentar revivir el caso contra estas seis empresas.
Mientras tanto, se mantiene vigente el litigio en Arizona contra cinco tiendas de armas que actualmente está en etapa de producción de evidencia.
En este caso, México mantuvo la jurisdicción de Tucson, Arizona, al considerar que el vínculo entre las tiendas cerca de la frontera y el territorio mexicano es mucho más fácil de identificar.
Por lo que en la etapa de producción de evidencia, el gobierno mexicano debe allegarse de pruebas para acreditar las acciones y omisiones de las tiendas de venta de armas ubicadas en Arizona que han ocasionado un daño a México en materia de tráfico ilícito de dichos productos.
Uno de esos puntos es que la industria de armas en Estados Unidos tiene conocimiento de que un porcentaje de los productos del sector forma parte de la cadena de tráfico ilícito de armas a nuestro país y, a pesar de ello, no han modificado las políticas de comercialización, con lo que los fabricantes han facilitado que la delincuencia organizada use prestanombres, empresas fantasma y triangulaciones para simular compras legales de armas que llegan a México.
