Después de cinco años de investigación, debido a las resistencias de Morena a entregar la información, finalmente el Instituto Nacional Electoral (INE) confirmó una transferencia de fondos del partido a figuras políticas que después ocuparon cargos públicos en la Administración del Presidente Andrés Manuel López Obrador… pero contra lo que pudiera esperarse, la institución electoral simplemente lo ignoró y lo perdonó.
Líderes o candidatos de Morena fueron colocados en la nómina partidista como encuestadores, y cobraron hasta 54 mil pesos mensuales.
Sus nombres fueron hallados durante una investigación que comenzó el INE por el desvío de 22.6 millones de pesos de una partida que debía ser destinada a la promoción política de mujeres, pero que fue empleada para la elaboración de encuestas entre 2017 y 2018.
Entre quienes simularon ser encuestadores aparecen la ahora secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde Luján, quien en esos años jugaba un papel clave en la campaña presidencial del tabasqueño y ya había sido diputada federal.
Así como los ahora gobernadores de Michoacán y Baja California, Alfredo Ramírez Bedolla y Marina del Pilar Ávila Olmeda, respectivamente; el primero en ese momento era candidato a diputado local, y la segunda, candidata a diputada federal.
Cada uno de ellos recibió pagos mensuales hasta de 54 mil pesos entre 2017 y 2018, previo a la llegada al poder de López Obrador.
Consejeros del INE acusaron falta de exhaustividad en la investigación sobre el gasto de 22.6 millones de pesos en dos encuestas que realizó Morena para determinar cuál era la situación de las mujeres en política.
Vale destacar que por ley, los partidos están obligados a destinar al año 3 por ciento de sus prerrogativas a la capacitación y desarrollo de las mujeres, por lo que el INE le pareció “sospechoso” que prácticamente 90 por ciento de esa partida, entre 2017 y 2018, los morenistas la destinaran a encuestas, por lo que abrió dos procedimientos oficiosos.
Aunque a lo largo de 100 páginas del dictamen aprobado el 31 de julio, la Unidad de Fiscalización advierte irregularidades, concluye que la mayoría de personas involucradas no respondió a sus notificaciones para saber el origen y destino de los recursos, y debido a que el 4 de agosto se agotaba el tiempo para resolver el caso, lo declaró infundado.
Sin embargo, tanto en las sesiones de la Comisión de Fiscalización como del Consejo General, consejeros advirtieron una posible simulación o desvío de recursos pues, casualmente, no se entregaron las pruebas de las 7 mil 728 encuestas que supuestamente se aplicaron para dos investigaciones prácticamente iguales.
A finales de 2017 se realizó el “Diagnóstico nacional sobre conocimiento de los derechos políticos, motivadores e impedimentos para la participación política de las mujeres”, que costó 10 millones 739 mil 986 pesos.
Mientras que a principios de 2018 realizaron el estudio “Percepción de oportunidades de desarrollo en el ámbito político para las mujeres en México”, por el que pagaron otros 11 millones 950 mil 775 pesos.
Sin embargo, la mayor parte de los recursos se destinó al pago de encuestadores, pues a la académica Beatriz Lemus Trejo, encargada de redactar los diagnósticos, le pagaron 58 mil pesos por el primer proyecto y 140 mil por el segundo.
“Ella se encargó de la elaboración del cuestionario de la encuesta, mientras que Morena realizó el levantamiento de las encuestas (lo que incluye capacitación y supervisión de los encuestadores) y todos los costos del trabajo de campo y la generación de las tablas para el graficado, y únicamente le fue entregado el concentrado de la información, para la generación del material estadístico y proporcionó muestras de los proyectos”, informó la dependencia en 2020.
El 31 de julio, durante la sesión del Consejo General el INE, el consejero Martín Faz Mora advirtió que había muchas interrogantes sobre este caso.
“El proyecto adolece de un análisis exhaustivo al no dar cuenta de las muestras de las encuestas que fueron levantadas, mismas que, aunque solicité fueran adjuntadas, no fueron incorporadas al proyecto, a pesar de constituir desde mi punto de vista, un elemento fundamental para la comprobación de un gasto etiquetado.
“Esta autoridad debió utilizar parámetros de revisión mucho más estrictos, no es suficiente una comprobación formal de los gastos, a través de la presentación de los contratos, facturas, sino que es necesario verificar que estos representen una aportación sustantiva a este rubro (de desarrollo de mujeres)”, dijo el consejero.
De acuerdo con funcionarios del INE, un día antes, en la sesión privada de la Comisión de Fiscalización, el consejero Jaime Rivera Velázquez, quien ha sido director de casas encuestadoras, puso en duda el costo de los sondeos, al ser montos muy elevados.
