La Fiscalía de la Nación de Perú anunció que en la víspera presentó dos denuncias constitucionales contra el expresidente Pedro Castillo.
Por la presunta comisión del delito de nombramiento ilegal en agravio del Estado lo imputan, al igual que al actual congresista Guido Bellido, quien fue el primer titular del Consejo de Ministros de la gestión de Castillo (2021-2022).
Ambos están acusados por el nombramiento, en julio de 2021, de Juan Carrasco como ministro del Interior, “cuando tenía impedimento legal y constitucional por ostentar aún la condición de fiscal provincial titular especializado contra la criminalidad organizada de Lambayeque”.
Igualmente, el Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales planteó otra de estas medidas contra Castillo como presunto autor del delito de peculado de uso en agravio del Estado.
Los fiscales señalan al antiguo profesor rural de “uso indebido” del avión de la Fuerza Aérea del Perú por viajes que se realizaron “con fines estrictamente familiares”, en el cual se trasladó a 10 parientes, “ajenos a la función presidencial”.
El mes pasado, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema prolongó por 18 meses la prisión preventiva contra Castillo por los presuntos delitos de rebelión, abuso de autoridad y perturbación de la tranquilidad pública, tras su intento de disolver el Congreso.
Castillo, quien está apresado desde diciembre de 2022, también afronta 36 meses de prisión preventiva por ser el presunto líder de una organización criminal.
El exmandatario ha rechazado cada una de las acusaciones y sostiene que es inocente. “Todas las imputaciones que me hace el día de hoy el Ministerio Público son más falsas que las pestañas y la nariz de la ‘Pinocho’ que está en Palacio [de Gobierno]”, afirmó, en referencia a su sucesora, Dina Boluarte, durante una audiencia celebrada en junio.