Como bien se recuerda, el miércoles pasado, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) tomó la decisión de reanudar los plazos legales que estaban suspendidos por el paro de labores realizado por los trabajadores del Poder Judicial de la Federación.
Sin embargo, la magistrada María Emilia Molina, presidenta de la Asociación Mexicana de Juzgadoras A.C. (AMJ), aseguró que no correspondía al CJF terminar con el paro, pues el Pleno del Consejo no fue quien decidió la suspensión de labores.
“Fue una decisión de trabajadoras y trabajadores del Poder Judicial de la Federación, ante una reforma que, además de atacar nuestros derechos laborales, impacta directamente en la independencia judicial y la democracia”, afirmó la magistrada.
Razón por la que, tras mesas de trabajo y ante la falta de condiciones para levantar la suspensión temporal de labores dentro del Poder Judicial, el CJF determinó por mayoría continuar con la suspensión de términos hasta el próximo 2 de octubre de 2024.
En ese sentido, la magistrada Molina aseguró que la reforma al Poder Judicial, aprobada y publicada en el Diario Oficial de la Federación, afecta los derechos laborales en el Poder Judicial.
También señaló que, aunque había un artículo que afirmaba que se respetarían todos los derechos laborales de manera integral, la implementación parecía contradictoria.
Según la magistrada, se olvida que jueces y magistrados, quienes van a ser destituidos según el texto de la reforma ya aprobada, también son trabajadores del Poder Judicial de la Federación.
Por ello, también comentó que, aunque algunos afirmaban que no se violarían sus derechos, ellos sí serían despedidos, lo cual constituiría una violación a su derecho de inamovilidad, uno de los principios fundamentales para garantizar la independencia judicial.
De igual manera, Molina explicó que la ‘inamovilidad’ era un derecho adquirido tras pasar por concursos de oposición y ratificaciones, lo cual, según ella, garantiza la estabilidad en el empleo y protege a jueces y magistrados de despidos arbitrarios.
Más adelante, también destacó que otros trabajadores, como los secretarios proyectistas y personal administrativo, no cuentan de las mismas protecciones “por ser personal de confianza”.
La magistrada señaló que la reforma permite la remoción de empleados por razones de confianza, lo que impacta negativamente a aquellos que no estaban sindicalizados o que forman parte de equipos de trabajo en riesgo de perder sus empleos, como los choferes o el personal encargado de la atención de trámite de actas.
Asimismo, criticó la falta de claridad en cuanto a las prestaciones y sueldos, señalando que podrían darse situaciones absurdas, como secretarios ganando más que jueces.
Expresó su frustración por la falta de técnica legislativa en la reforma y cómo la interpretación de los derechos laborales se ha vuelto confusa.
La magistrada María Emilia Molina afirmó que tras la aprobación de la reforma México entró en “una crisis constitucional en este país”.
Aseguró que el país ya está inmerso en la crisis constitucional porque “hubo un poder de la Unión que dictó suspensiones de amparo contra la reforma judicial, considerado como el principal medio de control constitucional, las cuales se violentaron por los otros dos poderes”, es decir, por el Poder Constituyente, al continuar con la aprobación y votación de los dictámenes en el Congreso de la Unión y los 32 Congresos estatales, y por el Poder Ejecutivo al publicar la reforma aprobada en el Diario Oficial de la Federación
Este incumplimiento, afirmó, representa “una crisis jurídica sin precedentes. El Poder Judicial emitió varias suspensiones a la Cámara de Diputados, al Senado, al propio Presidente de la República y a los Congresos locales”, pero ninguna de estas fue cumplida.
“Eso significa que se cometieron delitos federales”, ya que la ley establece que el no acatamiento de una orden en un juicio de amparo es un delito”, advirtió.
“El Poder Judicial ya había emitido criterios en el pasado que permitían revisar el procedimiento de reforma constitucional, aunque la reforma ya estaría en manos de la Suprema Corte para decidir sobre su validez”, explicó.
Detalló que la independencia de jueces y magistrados es fundamental para el equilibrio de poderes en México y lamentó que la reforma haya atacado esa facultad. “Se está vulnerando y eliminando la independencia judicial”, agregó.
Molina también expresó su preocupación sobre los efectos que esta reforma tendrá en los derechos humanos de las personas.
Explicó que si se consolida el control del Poder Judicial por parte del gobierno, los jueces difícilmente podrían actuar con independencia y defender a los ciudadanos contra los abusos del poder.
“Los nuevos jueces difícilmente se animarán a decir ‘esto está mal'”, sostuvo, señalando que aquellos jueces que no se alineen con las políticas gubernamentales “podrían ser sancionados o incluso encarcelados”.
“El Tribunal de Disciplina sería una guillotina en el cuello de todos los jueces”, afirmó, derivado de que ese órgano de control va a tener el poder de destituir a jueces y magistrados que no actúen conforme a los intereses del gobierno.
“Lo que está en juego es la democracia en nuestro país” y advirtió que la reforma amenaza “la República en sí misma”.