El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, envió una carta a los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa para rendir cuenta de los avances en la investigación del crimen durante su mandato.
“Se avanzó no como quisiéramos, pero no es un expediente cerrado, va a continuar la investigación y se aclararon varias cosas que no se conocían, que la gente no sabía”, dijo López Obrador en su habitual conferencia de prensa.
En la comparecencia, el presidente mexicano mostró la misiva enviada, en la que ratificó que no ha dejado de lado el caso, pese a las críticas que han surgido entre los padres, abogados de los allegados de las víctimas y organizaciones de derechos humanos.
“No ha sido posible avanzar más porque el personaje principal que mencioné [Abigael González Valencia, presunto miembro del Cártel Jalisco Nueva Generación], que permanece en la cárcel, no ha mostrado voluntad para seguir cooperando”, refiere la carta.
Del mismo modo, López Obrador destacó las maniobras del Gobierno anterior y las autoridades para ensombrecer el caso, así como una serie de “errores y omisiones que han complicado el esclarecimiento de lo sucedido en Iguala y conocer el paradero de los jóvenes”.
Entre esos “errores” aludió la liberación de al menos 65 sospechosos de la desaparición de los jóvenes, con una sentencia del Poder Judicial avalada por los abogados de los familiares de los desaparecidos, “bajo el alegato de que los detenidos habían sido torturados”.
Las declaraciones del mandatario se dan en la víspera del décimo aniversario del crimen, que se perpetró entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, cuando los estudiantes normalistas fueron desaparecidos en Iguala, Guerrero, uno de los estados más pobres de México y ruta estratégica del narcotráfico.
El martes de esta semana, un grupo de manifestantes que claman justicia, rodearon la sede del Senado en Ciudad de México y lanzaron petardos contra la institución legislativa, descontentos con el avance de las investigaciones. Protestas similares se han realizado en Iguala y Chipancilgo, en el estado de Guerrero, donde fueron vandalizadas algunas instituciones y se quemaron vehículos.
Algunas organizaciones de defensa de derechos humanos y equipos de abogados aseguran que el expediente está paralizado debido a la supuesta injerencia del Ejército. No obstante, este miércoles el mandatario defendió a las Fuerzas Armadas y destacó el procesamiento de algunos miembros de esa institución, presuntamente involucrados en el caso de los 43, entre ellos, dos generales y un elemento de la Marina.
“Siempre hay esa intención de socavar instituciones nacionales para someter, que es una práctica siempre de los potentados y que antes se utilizaba por los dueños de los medios”, acusó.
López Obrador ratificó que el caso tiene una importancia medular para su Gobierno, tras detallar que en los últimos dos años se ha reunido con el gabinete de seguridad para conocer de primera mano los avances de la investigación.
