Los senadores republicanos, Katie Britt, miembro de mayor rango del Subcomité de Asignaciones de Seguridad Nacional, y John Cornyn, advirtieron que el conflicto del gobierno mexicano encabezado aún por Andrés Manuel López Obrador y la empresa estadounidense Vulcan Materials pone en peligro la seguridad nacional de Estados Unidos y enviaron un mensaje a la administración entrante a partir del 1 de octubre a intervenir con celeridad para preservar el interés de ambos países y no escalar el conflicto de manera legal.
“La toma del puerto de aguas profundas de Vulcan por parte del presidente López Obrador representa una expropiación flagrante de una operación legalmente permitida y propiedad de Estados Unidos, y el ataque de su administración al Estado de derecho está poniendo en peligro los intereses económicos y de seguridad nacional de Estados Unidos. Le hemos advertido repetidamente que habría ramificaciones sustanciales si su administración cruzaba esta línea. Mientras intenta ejecutar este plan de pato cojo, ahora aprenderá rápidamente que cumplimos nuestras promesas. La administración mexicana entrante no querrá pagar las consecuencias aplastantes de las acciones ilegales del presidente López Obrador, que violan tanto el derecho mexicano como el internacional, y los alentamos a intervenir con la debida celeridad en beneficio mutuo de los intereses tanto del pueblo mexicano como del estadounidense”, dijeron los senadores.
Hay que recordar que el conflicto con Vulcan Materials, que tiene una concesión hasta 2037, ha causado un roce comercial con Estados Unidos, donde Antony Blinken, secretario de Estado de Estados Unidos, ha reconocido la “preocupación” de la Casa Blanca por el caso, y advirtió de un “impacto muy negativo en los esfuerzos de México para atraer futuras inversiones de Estados Unidos”.
Apenas el pasado 23 de septiembre, senadores demócratas y republicanos, en Estados Unidos, presentaron una iniciativa de ley para imponer sanciones en caso de que se concretara la expropiación de la empresa Calica, dedicada a la estadounidense. Las sanciones estarían dirigidas a todas las compañías de buques que hagan uso de la Terminal Marítima de Puerto Venado, propiedad hasta antes de la expropiación de Vulcan Materials.
Ese mismo día, por la noche, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador declaró como área natural protegida el polígono Felipe Carrillo Puerto, en Quintana Roo, lo que abarca parte de los municipios de Playa del Carmen, Tulum y Cozumel, lo que afecta a la empresa Calica, propiedad de la empresa Vulcan Materials con la expropiación de la empresa de cantera y el puerto.
La minera estadounidense Vulcan Materials dijo que la expropiación del puerto y una cantera de la que extrae piedra caliza es una “nueva violación” de los compromisos asumidos por México en los tratados comerciales regionales.
“Esta acción nos priva del uso de nuestra tierra y tenemos la intención de defendernos utilizando todas las vías legales disponibles. La expropiación de la tierra y el puerto de nuestra empresa es otra escalada más y una nueva violación de los compromisos de México en virtud de los acuerdos comerciales de América del Norte, incluido el T-MEC, y otros tratados de inversión aplicables”, afirmó Vulcan a través de un comunicado.
