El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, solicitó al Poder Judicial que entregue los datos de las personas que ocupan magistraturas o juzgados, además de si participarán o no en la elección de personas juzgadoras, información necesaria para emitir la convocatoria de la elección judicial contemplada en la reforma del 1 de julio de 2025.
De acuerdo con la reforma judicial, el Consejo de la Judicatura Federal debe entregar al Senado un listado con la totalidad de cargos de personas juzgadoras en la que precise su circuito judicial, especialización, género, vacancias, renuncias y retiros programados.
Con ello, el Senado determinará los cargos a elegir en cada circuito judicial rumbo a la elección del 1 de julio de 2025, establecida en la reforma al Poder Judicial.
El presidente del Senado reconoció que buena parte de la información es pública, pero otra parte no, principalmente qué funcionarios judiciales han decidido participar en la elección.
De igual manera, Fernández Noroña informó que el Senado envió el 18 de septiembre una solicitud formal del listado con información concerniente a los trabajadores del Poder Judicial, dirigida a Norma Piña, ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal.
En la carta, el Senado solicita que el listado debe precisar los nombres y género de las personas que ocupan actualmente los cargos, así como si se trata de una magistratura de circuito o juzgado de distrito.
El Senado pide que también se incluya, en caso de tener certeza, si las personas que ocupan esos cargos piensan participar en el proceso electoral.
“Si de antemano se sabe de manera indubitable que la persona que ocupa el cargo declina participar en el proceso electoral extraordinario para elegir magistradas, magistrados de circuito, juezas y jueces de distrito…”.
Los legisladores también solicitaron que el listado precise si los cargos se encuentran vacantes, si las personas titulares cuentan con una licencia, renunciaron o tienen un retiro programado.
Otros datos solicitados son el tipo de órgano jurisdiccional al cual corresponde ese cargo, ya sea Tribunal colegiado de circuito, Tribunal colegiado de apelación o Juzgado de distrito; además de si se trata de un órgano jurisdiccional civil, laboral, penal o administrativo.
El Poder Judicial se encuentra dentro del plazo para hacer llegar la información, pues cuenta con 15 días hábiles a partir de la entrada en vigor de la reforma, que fue el 15 de septiembre.
Sin embargo, la convocatoria para la elección de personas debe ser publicada a más tardar el 15 de octubre, de acuerdo con los tiempos que estableció el propio Congreso.
El morenista dijo que el secretario técnico de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Rubén Cayetano, fue a pedir personalmente esta información ante el órgano del Poder Judicial, pero no le fue entregada con el argumento que el plazo legal aún no vence.
Fernández Noroña se quejó de que el funcionario incluso fue atendido fuera de las instalaciones.
“Ayer se apersonó Rubén Cayetano, exdiputado federal y secretario técnico de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, y lo atendieron como pedigüeño afuera de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No reciben ni siquiera en las oficinas en el interior”.
Fernández Noroña calificó como una resistencia del Poder Judicial contra la implementación de la reforma, por lo que está dando respuestas burocráticas para poner obstáculos, y comparó esas acciones de funcionarios judiciales con las de personas enfermas terminales:
“No quieren darse cuenta, que por más que tienen el diagnóstico, que tienen los exámenes, que tienen todo, es decir, la negación que hay frente a situaciones muy fuertes; y ya el médico ya les dijo que ya se los chupó la bruja y de todos modos se enojan con el médico porque piensan que no es así”.
Fernández Noroña dijo que aún si el Consejo de la Judicatura desconociera quiénes van a participar o no en el proceso electoral, también podrían responder eso.
El legislador adelantó que se comunicará mediante el “teléfono rojo” con la ministra Norma Piña, presidenta del Consejo de la Judicatura Federal, para solicitarle su cooperación con esa información.
“Ahorita saliendo voy a estrenar el teléfono rojo, que sí existe, y ahí está la extensión de la ministra presidenta, y le voy a marcar y le voy a decir: acabo de dar a conocer que nos pasó esto, por qué no nos ayudan a ya superar toda falta de comunicación y coordinemos para lo que viene. (…) Acabó de dar la premisa que saliendo de aquí voy y marco al teléfono rojo a la oficina de la ministra presidenta, de verdad lo voy a hacer”, finalizó.
