La banda armada de Gran Grif provocó terror en la comunidad haitiana de Pont-Sondé, al provocar una balacera que dejó al menos 70 muertos y decenas de heridos entre la noche del miércoles y la madrugada del jueves.
Originalmente se hablaba de 40 decesos, pero luego la Oficina de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos actualizó la cifra hasta los 70, como mínimo, entre ellas 10 mujeres y tres niños.
“Estamos horrorizados por el ataque, en el que los miembros de Gran Grif dispararon con rifles automáticos sobre la población”, manifestó en un comunicado el portavoz de la oficina, Thameen Al-Kheetan.
Se registran por lo menos 16 heridos en estado de gravedad, incluidos dos miembros de la banda que fueron baleados por la Policía, apuntó la ONU.
Según la prensa local, los habitantes de la comunidad ubicada en el noreste de Puerto Príncipe fueron asediados por los delincuentes al mando de Luckson Elan, quien a finales del mes de septiembre fue sancionado por el Gobierno de EE.UU.
Este viernes, el primer ministro de Haití, Garry Conille, expresó “su más profunda indignación” por lo ocurrido, tras considerar que la masacre “requiere una respuesta urgente, rigurosa y coordinada por parte del Estado”.
“Este ataque, de una brutalidad indescriptible, causó trágicas pérdidas humanas y hirió a un número indeterminado de personas”, refiere el comunicado publicado en la cuenta de la oficina del premier.
En su perfil personal en X, Conille calificó la matanza como un “crimen atroz”. “A quienes siembran el terror, les digo esto: no quebrantarán nuestra determinación. No subyugarán a estas personas que siempre han luchado por su dignidad y libertad. Nunca renunciaremos a nuestro derecho a vivir en paz, seguridad y justicia”.
Un día antes de la arremetida, la banda anunció que perpetraría el ataque. Los primeros reportes hablaban de 11 muertos y 22 heridos, muchos de ellos graves. No obstante, por la tarde, el vicedelegado del distrito de Saint-Marc, Walter Montas, calculó que había “unas 40 personas asesinadas”.
“La masacre era previsible, ya que las fuerzas legales y la resistencia popular no tienen medios suficientes para luchar contra los mafiosos”, lamentó Montas, quien adelantó que será la Policía Nacional de Haití (PNH) la que decidirá cómo organizar una operación para responder a los criminales.
Hoy, el premier de Haití prometió tomar “todas las medidas necesarias” para garantizar la atención de las víctimas en el hospital público Saint-Nicolas de Saint-Marc y aseguró que “se están movilizando recursos logísticos y médicos adicionales” ante la magnitud de la tragedia.
En materia de seguridad, Conille aseveró que ha fortalecido la estructura de la PNH con grupos especiales, dedicados a localizar a los miembros de la peligrosa banda con apoyo de las fuerzas de la Misión Multinacional de Seguridad (MSS).
“Los criminales responsables de estos actos abominables serán perseguidos y llevados ante la justicia sin tregua. El gobierno, en colaboración con el apoyo de la comunidad internacional, está decidido a intensificar sus acciones para erradicar este tipo de amenazas y llevar la paz a las zonas más afectadas por la inseguridad”, reza la comunicación oficial.
En tanto, la población que sobrevivió al ataque se congregó en una plaza pública para protestar por la inacción del Gobierno. Para uno de los vecinos, entrevistados por Le Nouvelliste, la actuación de la peligrosa banda no puede ocurrir “sin la complicidad de los líderes políticos y de los importadores del sector empresarial privado, que siempre han planeado la destrucción de la producción nacional con los enemigos de Haití”.
Entretanto, el líder religioso Marc Altéma consideró que, ante la situación, “el pueblo haitiano debe rebelarse”. No obstante, el comisario del Gobierno, François Venson, prometió que las autoridades “no dejarán que los bandidos impongan su voluntad definitivamente”.
Ante el complejo panorama, la administración de Conille llamó a “la unidad nacional y a la solidaridad del pueblo haitiano hacia sus conciudadanos afectados por esta ola de violencia”, tras reiterar su compromiso para “restablecer la seguridad” y la autoridad del Estado.