Jueces y magistrados federales manifestaron su “enérgico rechazo” a la reciente decisión del Consejo de la Judicatura Federal de continuar con la implementación de la reforma judicial y participar en la elección de personas juzgadoras en 2025, a pesar de las suspensiones judiciales que frenaban este proceso.
La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed) denunció que esta decisión fue tomada sin consultar a los jueces y magistrados afectados, lo que, según ellos, vulnera el marco institucional del país.
En un comunicado, la Jufed advirtió que el incumplimiento de las suspensiones otorgadas por jueces federales para detener la reforma representa una ruptura del Estado de derecho y una violación directa a la división de poderes, uno de los pilares fundamentales del sistema democrático en México.
La Jufed también lanzó un llamado urgente a los Poderes Ejecutivo y Legislativo para que respeten la división de poderes y adopten decisiones que se ajusten estrictamente a la legalidad. La Asociación advirtió que la reforma judicial, tal como está planteada, podría generar una crisis constitucional al afectar la legitimidad de las instituciones y debilitar la independencia judicial.
La implementación de esta reforma contempla que el Consejo de la Judicatura Federal enviará al Senado las listas de jueces y magistrados que serán seleccionados para la elección extraordinaria de 2025, un proceso que podría culminar con la destitución de algunos juzgadores. Este sábado, el Senado discutirá cuántos jueces y magistrados serán elegidos en 2025 y cuántos en 2027, con base en las listas proporcionadas por la Judicatura.
Uno de los puntos más polémicos es la decisión del Congreso de la Unión de utilizar una “tómbola” como mecanismo para seleccionar a los jueces y magistrados que serán sustituidos en 2025. Jueces y magistrados federales han expresado su preocupación al considerar que este método transgrede sus derechos humanos, genera una “peligrosa falta de certeza” y vulnera los principios de estabilidad y continuidad institucional.
“Esta medida representa una forma inusual e inapropiada de modificar la configuración de uno de los poderes del Estado, violando toda técnica legislativa y constitucional, y sienta un precedente peligroso para la independencia judicial”, subrayaron los jueces en su comunicado.
La situación ha escalado rápidamente, poniendo en tensión la relación entre los poderes del Estado y la independencia del Poder Judicial, que podría enfrentar uno de sus mayores desafíos en la historia reciente del país.
