El grupo parlamentario de Morena en el Senado presentó la primera reforma a la reforma al Poder Judicial, vigente desde el pasado 16 de septiembre de este año, a fin de corregir el error que contiene sobre el periodo de gestión y la forma de elección de la persona que presida la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Olga Patricia Sosa Ruiz, de Morena, hizo pública la propuesta para modificar el artículo 97 de la Constitución, que actualmente dice: “cada cuatro años, el Pleno elegirá de entre sus miembros al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cual no podrá ser reelecto para el periodo inmediato posterior”.
Con el cambio se plantea ajustarlo a la nueva redacción: “cada dos años, se renovará la presidencia de la Suprema Corte, de manera rotatoria en función del número de votos que obtenga cada candidatura en la elección respectiva, correspondiendo la presidencia a quien alcance mayor votación” y de esta forma esté de acuerdo con el artículo 94 que está vigente como parte de esta reforma.
Producto de las prisas para aprobar lo más rápido posible la reforma al Poder Judicial, el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación desde el 15 de septiembre de este año, avalado por el Congreso de la Unión y por la mayoría de los Congresos estatales, la reforma constitucional al Poder Judicial tiene errores, pero el considerado por los legisladores federales de oposición como el de mayor impacto es la incongruencia que quedó entre lo que establece el nuevo artículo 94 y lo que se mantiene en el artículo 97 sobre la presidencia de la Corte. La senadora Sosa Ruiz dice que “la reforma constitucional es de gran envergadura”.
Precisa que el nuevo artículo 94 dice que “la Suprema Corte de Justicia de la Nación se compondrá de nueve integrantes, ministras y ministros, y funcionará en pleno. Su presidencia se renovará cada dos años de manera rotatoria en función del número de votos que obtenga cada candidatura en la elección respectiva, correspondiendo la presidencia a quienes alcancen mayor votación”.
Y explica que “este precepto constitucional destaca debido a que se presenta una antinomia entre dos preceptos constitucionales, concretamente con el artículo 97 constitucional.
“Si consideramos que la antinomia es la situación en que dos normas pertenecientes a un mismo sistema jurídico, que concurren en el ámbito temporal, espacial, personal y material de validez, atribuyen consecuencias jurídicas incompatibles entre sí a cierto supuesto fáctico, y esto impide su aplicación simultánea, resulta necesario uniformar la legislación constitucional para superar la antinomia”, plantea.
Por su parte el diputado morenista Ricardo Monreal Ávila adelantó que a partir de la próxima semana se trabajará con el Senado la elaboración de dos leyes reglamentarias de la reforma institucional al Poder Judicial.
Una de ellas corresponde a la Ley Orgánica de la propia justicia administrativa, que se deriva del nuevo andamiaje jurídico de la nueva institución, que es el Tribunal de Disciplina Judicial, mientras que la otra es la Ley Orgánica del Poder judicial.
Monreal Ávila señaló que además es importante actualizar y modificar alrededor de diez ordenamientos, entre otros la Ley de Amparo, la Ley de lo Contencioso Administrativo, la Ley Civil, el Código de Procedimientos Penales, Código de lo Civil y de lo Familiar, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley Orgánica de la Administración Pública.
Cuando menos son una decena de ordenamientos, dos nuevos y como siete u ocho que deben actualizarse respecto de la reforma constitucional recientemente aprobada, expresó Monreal Ávila.
