La Reforma Judicial ha sufrido un nuevo tope tras darse a conocer que la jueza federal de Veracruz, Nancy Juárez Salas ha emitido una orden para la eliminación de la reforma del Diario Oficial de la Federación, dirigida a la Presidenta Sheinbaum y al y al director del diario, Alejandro López González.
La reforma fue promulgada el pasado 15 de septiembre por el ex-presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ya había sido advertido desde el día 20 de septiembre para el retiro de la iniciativa del DOF.
Este mandato llega tras la violación de una suspensión judicial previa que impedía dicha publicación, lo que ha generado una serie de implicaciones legales que podrían ser graves para los implicados.
La jueza Juárez Salas resolvió dentro del amparo 823/2024 que la publicación del decreto por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador incumplió una suspensión provisional que le había ordenado no hacerlo.
Esta suspensión había sido emitida como parte de un juicio de amparo interpuesto en contra de la reforma judicial aprobada por Morena y sus aliados en el Congreso federal. Posteriormente, el 20 de septiembre de 2024, la jueza emitió una suspensión definitiva que ordenaba eliminar la publicación de la reforma del Diario Oficial de la Federación, dejando la omisión de Obrador sobre la mesa y a la reforma permaneciendo en el DOF.
Juárez Salas ha emitido un plazo de 24 de horas para que la reforma sea retirada, de lo contrario habría consecuencias sobre los mandatarios.
La jueza Nancy Juárez Salas ordenó la eliminación de la publicación de la reforma judicial del Diario Oficial de la Federación (DOF) porque dicha publicación incumplió una suspensión judicial previamente otorgada.
El motivo principal para eliminarla es que, al haberse concedido una suspensión provisional y luego definitiva, publicar la reforma va en contra de una orden judicial. Este tipo de incumplimiento se considera una violación de la Ley de Amparo, que protege a los ciudadanos contra actos que podrían vulnerar sus derechos.
En caso de que dentro de las siguientes 24 horas, la Presidenta de México como el Director del DOF, Claudia Sheinbaum y Alejandro López González podrían enfrentar serias consecuencias legales.
Los servidores públicos cometerían un delito grave, el caso se turnaría al Ministerio Público de la Federación, que podría iniciar un proceso penal por desacato. Esto podría resultar en multas, inhabilitaciones e incluso cárcel, dependiendo de la gravedad del incumplimiento.
