El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó ayer aprobar el Proyecto de Presupuesto de Egresos para 2025, que había presentado la ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández, por un monto de cinco mil 922 millones de pesos para el ejercicio fiscal.
Fuentes cercanas al máximo Tribunal señalaron que entre los ministros se cuestionó que el proyecto no considera gastos y ajustes presupuestales derivados de la reforma judicial, como la eliminación de los fideicomisos y ajustes de sueldos de altos funcionarios para que no excedan al de la Presidencia de la República.
Por otra parte, también contempla un incremento por la inflación y prevé recursos para un ajuste a las remuneraciones, el pago de la totalidad de las pensiones complementarias, apoyos médicos extraordinarios y otras obligaciones laborales, así como la contratación de personal por honorarios asimilados a salarios cuando sea requerido. No se prevén recursos para la creación de plazas, se explica en el documento.
La propuesta de la ministra Piña fue cuestionada por no acatar las medidas obligadas en la Ley Federal de Austeridad Republicana, pues mantiene asignaciones millonarias para el pago de seguros privados como el de gastos médicos mayores (132 millones 825 mil pesos) y el de separación individualizada (204 millones 988 mil 949 pesos), entre otros.
Al retomar su postura ante la reforma ejercida al Poder Judicial, la ministra Norma Piña Hernández aseguró que “los derechos humanos están en riesgo cuando el poder, de cualquier tipo, no puede ser contenido, frenado y controlado”, en medio de la discusión sobre las implicaciones de la reforma judicial.
Citando a la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed), la ministra Piña dijo:
“Los mexicanos están perdiendo su derecho a una justicia imparcial y el respeto a sus derechos humanos está en riesgo. La politización de la justicia, la desaparición de la carrera judicial y la erosión de la certeza jurídica no sólo afectan a los ciudadanos, sino que también comprometen la confianza en el sistema judicial, crucial para el desarrollo económico y social del país”.
Los dichos de la ministra ocurrieron después de que jueces y magistrados federales realizaron una primera conferencia de prensa para responder a los diversos “ataques” emitidos contra el Poder Judicial de la Federación (PJF) en las conferencias matutinas de la presidenta Claudia Sheinbaum, desde Palacio Nacional.
Se trata de un ejercicio inédito, pues es la primera vez que los juzgadores federales realizan una conferencia “en ejercicio del derecho de réplica” para tratar temas relacionados a la reforma judicial.
Ante dicho panorama, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que la reforma judicial fue un mandato popular, luego de la votación del pasado 2 de junio de 2024.
Por este motivo volvió a reiterar que los amparos promovidos en contra de la reforma constitucional son “ilegales”, pues ni un juez ni un magistrado puede estar sobre la voluntad popular.
En este sentido, la ministra Piña Hernández señaló que el camino para fortalecer el Estado de derecho debe ser “evaluado, debatido y enriquecido, y que cuando múltiples voces se alzan en un coro de advertencias, es prudente poner atención”.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió una solicitud realizada por diversos magistrados del país que le piden determinar qué instancia del Poder Judicial de la Federación (PJF) resolverá sobre las impugnaciones emitidas por diversas autoridades en contra de las suspensiones decretadas en la reforma judicial.
Por este motivo, la ministra Norma Piña Hernández, presidenta del Máximo Tribunal del país, turnó el asunto al ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena para que formule el proyecto de resolución y lo presente ante el Pleno de la Corte para su discusión y en su caso su aprobación.
En tanto, la Corte también solicitó a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) presentar su informe justificado y entregar los documentos en los que se pueda constatar todas las actuaciones que ha tenido en torno a la reforma judicial.
Ante este escenario, la ministra Piña Hernández se comprometió a reelaborar su propuesta y presentar una nueva el próximo martes.
