Lucía, de 46 años, recuperó su libertad luego de 14 años de reclusión en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Ecatepec (CPRS) donde fue sentenciada a 43 años y 9 meses de prisión por el homicidio de su cónyuge, y luego de que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM) analizara su caso y solicitara al Poder Judicial el beneficio de la amnistía, ésta fue concedida.
“Después de todo lo que documentamos a partir de nuestros especialistas encontramos que había una mujer cumpliendo una sentencia por un delito que fue juzgado sin perspectiva de género, sin conocer el contexto de violencia sistémica en el que ella vivió, y varios derechos humanos se le violentaron durante ese proceso”, explicó la Presidenta de la CODHEM, Myrna García Morón.
Lucía vivió 9 años con su pareja, un policía auxiliar con el que sufrió violencia física, sicológica, sexual y económica; el día en que se registró el homicidio, este sujeto arribó al domicilio familiar en estado de ebriedad, trató de agredir a Lucía con un cuchillo y después de un forcejeo entre la pareja, ella le quitó el objeto punzocortante y lo lesionó en el tórax. Cabe hacer mención que esta no era la primera vez que este individuo amenazaba con matarla.
La CODHEM revisó este expediente y detectó que Lucía enfrentó violaciones a derechos humanos durante el proceso penal; su detención no cumplió con los requisitos constitucionales ni legales necesarios para justificar una captura por flagrancia equiparada y durante la entrevista realizada por los policías aprehensores estuvo en estado de indefensión al no haber contado con la asistencia de abogado.
Aunado a ello, se corroboró que, por su condición, el caso de Lucía encuadra en diferentes categorías de vulnerabilidad que señala la Ley de Amnistía del Estado de México, como ser mujer y sufrir varios tipos de violencia. Ella vivía con dos hijas, su cónyuge y su suegra en un pequeño departamento rentado que era insuficiente para las personas que lo habitaban, ahí era golpeada constantemente, recibía amenazas, insultos y abuso sexual. Además, tenía rezago educativo, pues sólo contaba con estudios de secundaria y su ingreso no alcanzaba para satisfacer sus necesidades básicas.
La CODHEM reconoce el trabajo de la sociedad civil, en este caso de La Cana, ya que la coordinación con esta asociación permitió conocer este asunto; de igual manera agradece la coordinación con las autoridades que participan en el Órgano de Consolidación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral en el Estado de México, entre ellas la Consejería Jurídica del Gobierno Estatal, el Poder Judicial del Estado de México, la Fiscalía Estatal, la Secretaría de Seguridad y la Legislatura local.
