En una polémica decisión que ha generado gran atención en México, la Fiscalía General de la República (FGR) ha señalado al juez federal Alejandro Alberto Díaz Cruz por negarse a emitir una orden de aprehensión contra Joaquín Guzmán López, hijo del conocido narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán.
Este caso, que involucra a una de las figuras más conocidas del narcotráfico mexicano, ha despertado preguntas sobre la independencia y transparencia del sistema judicial del país.
Según la FGR, se presentaron 78 pruebas que vinculaban a Guzmán López con delitos graves, entre ellos secuestro y traición a la patria. La fiscalía argumenta que estas pruebas eran suficientes para emitir una orden de aprehensión, sin embargo, el juez Díaz Cruz desestimó las evidencias y se negó a proceder con la detención.
La FGR, bajo la dirección de Alejandro Gertz Manero, ha manifestado su frustración por lo que consideran una evasión de responsabilidades por parte del juez.
Entre las pruebas se encuentran testimonios, documentos, y análisis que detallan la participación de Guzmán López en diversos delitos. A pesar de esto, el juez alegó que no se habían presentado pruebas “suficientes” y que la orden debía ser solicitada a través de otros medios judiciales, una postura que la FGR ha calificado como “elusiva”.
La FGR ha sido contundente en su respuesta, señalando que el juez no sólo ignoró las pruebas, sino que también evitó mencionar que la fiscalía ya había presentado todas las solicitudes pertinentes a los juzgados competentes, tal y como él había solicitado.
En un comunicado, la fiscalía recalcó que el artículo 141, fracción III del Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP) establece claramente que el juez tenía la obligación de valorar las pruebas presentadas y emitir una orden de aprehensión.
Este choque entre la FGR y el sistema judicial mexicano es un reflejo de la lucha interna por el control y la correcta aplicación de la ley en casos de alto perfil. Alejandro Gertz Manero ha insistido en que el caso contra Guzmán López no es solo una cuestión de justicia, sino de salvaguardar el estado de derecho en México.
El rechazo de la orden de aprehensión ha generado críticas tanto dentro como fuera del gobierno, y ha levantado dudas sobre el funcionamiento del sistema judicial en casos relacionados con el narcotráfico. La figura de Joaquín Guzmán López, hijo de “El Chapo”, es altamente simbólica, y cualquier decisión judicial relacionada con su caso tiene repercusiones políticas y sociales de gran magnitud.
La presión sobre el juez Díaz Cruz no cesa, y tanto la opinión pública como los medios de comunicación siguen de cerca este caso que podría tener implicaciones a largo plazo para la lucha contra el crimen organizado en México.
El caso de Guzmán López también ha desatado un debate sobre la relación entre la justicia y la influencia del narcotráfico en México. Muchos analistas políticos sostienen que la negativa del juez para proceder con la aprehensión es indicativa de las complejas dinámicas de poder que afectan el sistema judicial. Mientras tanto, la FGR continúa insistiendo en que se haga justicia y que el caso no quede impune.
