A pesar de la creciente crisis forense en el país y la necesidad de combatir la corrupción, el presupuesto de la Fiscalía General de la República (FGR) tendrá recortes en áreas clave como la Fiscalía Anticorrupción, la Agencia de Investigación Criminal y el Centro Federal Pericial Forense.
En 2025, áreas importantes para la investigación de la corrupción y la investigación forense en México, podrían sufrir recortes al interior de la Fiscalía General de la República (FGR), organismo autónomo que, además, tendría presupuesto ‘congelado’ para el próximo año.
De acuerdo con el documento del proyecto de egresos, publicado por Hacienda, el nuevo gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo solicitó para la FGR 20 mil 125 millones de pesos. Esta cifra, en números absolutos, es muy cercana a los 19 mil 333 millones de este año. Sin embargo, en términos reales, es incluso inferior en 0.20 % a la del año pasado.
Este “congelamiento” o pequeño recorte del presupuesto de la Fiscalía cobra más relevancia en el contexto actual, en el que el Instituto Nacional Electoral (INE) pidió 13 mil millones de pesos para llevar a cabo la primera elección de juzgadores por voto popular en el país en 2025, tras la aprobación de la reforma judicial del expresidente Andrés Manuel López Obrador.
Se destaca también que esta reforma no contempló modificaciones ni más recursos para la FGR, ni tampoco toma en cuenta a las fiscalías estatales, que son las que deben integrar bien las carpetas de los casos para llevarlos ante la justicia y que no se ‘caigan’ por falta de pruebas, o malas prácticas de los fiscales o las policías de investigación, dan-
do como resultado la posible liberación de presuntos criminales.
Vale explicar que dentro de ese paquete de 20 mil millones para la FGR, que todavía los legisladores deberán discutir y aprobar antes de que acabe este año, se plantean varios recortes y algún aumento significativo.
En cuanto a los recortes, de aprobarse el proyecto de egresos, la Fiscalía Anticorrupción tendría un presupuesto de 227 millones de pesos, un ajuste a la baja en términos reales de 2.20 %. Cabe recordar que esta fiscalía tiene por obligación investigar, prevenir y sancionar delitos por hechos de corrupción, como cohecho y desvío de recursos.
A pesar del recorte, hay que matizar que el presupuesto de esta fiscalía especializada ha ido aumentado a lo largo del sexenio pasado. Por ejemplo, en 2020, su presupuesto fue de 110 millones de pesos. En 2025, sería algo más del doble.
La Agencia de Investigación Criminal tendría 106 millones 167 mil pesos, de acuerdo con el proyecto de egresos; otro recorte en términos reales de 3 % en comparación con lo aprobado el año pasado.
Este órgano administrativo desconcentrado de la FGR, que fue creado en 2013, tiene entre sus principales funciones la planeación, coordinación, ejecución, supervisión y la evaluación de las acciones para combatir tácticamente los delitos, a través de inteligencia y servicios científicos y forenses que sustenten la investigación de los delitos.
En cuanto a la investigación forense, el proyecto de egresos también contempla ajustes a la baja de recursos públicos.
En ese sentido, el Centro Federal Pericial Forense contaría con un presupuesto de mil 398 millones de pesos, una reducción en términos reales de 0.30 % en comparación con lo presupuestado este año.
Este centro es el encargado de coordinar, operar y supervisar a las personas peritas en actos de investigación criminal, y de registrar, almacenar y administrar todas las pruebas que recaben.
Asimismo, la Unidad de Laboratorios Criminalísticos tendría 115 millones de pesos, una reducción en términos reales de 4 %.
Estas reducciones en los servicios periciales y de identificación forense se producen en un contexto marcado por una crisis forense en el país: en octubre de 2022, la Secretaría de Gobernación admitió que existían más de 52 mil cadáveres que aún estaban sin identificar en las morgues y en fosas comunes de servicios forenses del país.
“Otro problema es la crisis forense y la falta de identificación humana, en donde el Estado mexicano, lamentablemente, y los estados en particular, no cuentan con las capacidades institucionales para atender el rezago de más de 52 mil cuerpos que permanecen en las fosas comunes, en los panteones públicos y servicios forenses del país”, dijo el entonces subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas Rodríguez, en septiembre de 2022.
