El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, expresó su preocupación por el proyecto de reforma constitucional en México que amplía el abanico de delitos susceptibles de derivar en “prisión preventiva oficiosa”, ya que no debería tratarse de “una práctica general” sino fruto de exámenes “individualizados” sobre cada detenido basados en la “proporcionalidad”.
“La prisión preventiva automática contraviene principios esenciales de derechos humanos”, denunció Turk, en alusión a una reforma aprobada la semana pasada por la Cámara de Diputados y que incorpora delitos como la extorsión o el contrabando a los potenciales requisitos para enviar a alguien entre rejas.
Sobre este controvertido tema, el alto comisionado subrayó en un comunicado que ampliar el uso de la prisión preventiva “no es la respuesta” a los múltiples desafíos que afronta México en materia de seguridad y acceso a la justicia.
Vale destacar que el texto aún está pendiente del visto bueno del Senado mexicano.
En este sentido, aprovechó para reiterar sus dudas sobre la reforma judicial que ya está en vigor y que plantea, entre otras cuestiones, la elección de los jueces mediante voto popular. “En conjunto, estas disposiciones corren el riesgo de socavar seriamente la independencia del Poder Judicial y su capacidad para defender efectivamente el Estado de Derecho”, consideró Turk.
Por otra parte el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), Volker Türk, expresó desde Ginebra, Suiza, su preocupación por la propuesta de reforma constitucional que amplía el catálogo de delitos sujetos a prisión preventiva oficiosa, por lo que llamó a los tomadores de decisiones en México a detener esta iniciativa y garantizar que la legislación del país “esté plenamente acorde con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos”.
La prisión preventiva automática “contraviene principios esenciales de derechos humanos”, aseguró, y recalcó que esta figura “no debe ser una práctica general, sino una medida basada en una decisión individualizada por parte de una autoridad judicial de que las circunstancias de cada caso justifican dicha detención”.
La reforma, que pertenece a una serie de modificaciones constitucionales ya adoptadas o en revisión, fue aprobada el 13 de noviembre por la Cámara de Diputados y actualmente está siendo analizada por el Senado. Esta modificación agrega delitos como la extorsión, el contrabando y ciertos tipo penales relacionados con las drogas a la lista de cargos en los que la prisión preventiva es automática.
En un comunicado, la ONU-DH recordó que mecanismos internacionales, como el Comité de Derechos Humanos y el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, han recomendado reiteradamente eliminar la prisión preventiva oficiosa de la legislación y la práctica en México.
Señaló que en 2023 la Corte Interamericana de Derechos Humanos sentenció que esta medida es contraria a la Convención Americana sobre Derechos Humanos y ordenó a México adaptar su sistema legal. Türk también dijo que México enfrenta diversos desafíos en materia de seguridad y acceso a la justicia, pero ampliar el uso de la prisión preventiva oficiosa “no es la respuesta”.
“En su lugar, es importante enfocarse en fortalecer la capacidad de las fiscalías para reunir evidencia y demostrar la necesidad y proporcionalidad de la prisión preventiva ante una autoridad judicial caso por caso, considerando alternativas a la privación de la libertad”, consideró.
Reconoció que si bien hay recientes reformas constitucionales que apuntan a fortalecer los derechos de las mujeres, la igualdad de género y los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos, “lo cual es bien recibido, otras modificaciones generan serias preocupaciones en materia de derechos humanos”.
Se refirió también a la reforma judicial aprobada en septiembre en el país, que incluye la elección popular de las personas juzgadoras, la terminación anticipada de los mandatos judiciales existentes y la creación de un Tribunal de Disciplina Judicial con amplias facultades. “En conjunto, estas disposiciones corren el riesgo de socavar seriamente la independencia del Poder Judicial y su capacidad para defender efectivamente el Estado de Derecho”, aseveró Türk.
La introducción en la reforma de la figura de “jueces sin rostro”, para emitir sentencias de forma anónima en casos de delincuencia organizada, genera preocupaciones adicionales en relación con la administración de justicia abierta y transparente y demás derechos relacionados con un juicio justo, finalizó.
