El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) es uno de los proyectos insignia de la actual administración federal. Sin embargo, una sombra de controversia rodea el contrato para el aseguramiento de sus instalaciones, otorgado a Seguros GMX y la reaseguradora Star Re desde 2022.
A pesar de su historial cuestionable, incluyendo presuntos incumplimientos contractuales relacionados con el incendio en el Metro de la Ciudad de México en 2021, estas aseguradoras han obtenido contratos sucesivos, despertando muchas dudas sobre la transparencia en el proceso de licitación.
Contrato millonario y candados excluyen a competencia
Fuentes cercanas a la dependencia que han alertado sobre este tema, aseguran que la póliza del AIFA tiene un valor de 154 millones de pesos anuales. Según participantes en las licitaciones, los requisitos establecidos en el anexo técnico son tan estrictos que solo GMX puede cumplirlos, dejando fuera a más de 100 aseguradoras activas en México.
Esas mismas fuentes aseguran que entre los requisitos clave destacan: índices superiores de solvencia, más allá de lo que exige la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF). Índice de desempeño elevado: muy superior al estándar de la Condusef. Cobertura de terrorismo: transferencias de riesgos aeroportuarios superiores a 200 millones de pesos.
Documentación de pólizas similares: pruebas de experiencia en cobertura de operaciones aeroportuarias.
Lo extraño es que pese a que otras aseguradoras, como Agroasemex y ATLAS, ofrecieron primas hasta 20% más económicas, ninguna superó los requisitos establecidos.
Las mismas fuentes denunciantes recuerdan que en enero de 2021 un incendio en el Puesto Central de Control del Metro de la CdMx dejó un saldo de un muerto, 29 heridos y 15 días de suspensión en la Línea 1. GMX y Star Re, encargadas de la cobertura, no asumieron sus compromisos contractuales.
Star Re sólo había colocado 25% del riesgo en el mercado de reaseguros, dejando el 75% sin protección. Esto expuso al Metro a pérdidas millonarias y llevó a procesos legales contra ambas empresas.
Este antecedente genera dudas sobre su capacidad para manejar un proyecto de la magnitud del AIFA, así como sobre los criterios utilizados para adjudicar el contrato.
Fuentes internas aseguran que la licitación estuvo influida por Benjamín Carrera, asesor de la dependencia encargada del AIFA, quien presuntamente utiliza sus conexiones políticas para favorecer a GMX. Carrera es identificado como yerno del fallecido exgobernador de Guerrero, René Juárez, lo que plantea cuestionamientos sobre la transparencia del proceso.
Esta no sería la primera vez que las licitaciones públicas son diseñadas para beneficiar a un único competidor. Según expertos, este patrón refleja prácticas que afectan la competitividad del sector asegurador y generan desconfianza en la gestión pública.
El caso del AIFA ilustra la urgencia de implementar medidas más rigurosas para garantizar la transparencia y competitividad en los procesos de contratación gubernamental:
* Revisiones independientes. Involucrar organismos externos para auditar las licitaciones.
* Criterios claros y accesibles. Evitar requisitos excesivamente restrictivos que excluyan a competidores legítimos.
* Sanciones ejemplares. Castigar el incumplimiento contractual para evitar la reincidencia.
* Fomentar la competencia. Promover la participación de más actores en el mercado asegurador.
Transparencia para recuperar confianza pública
El contrato de aseguramiento del AIFA expone problemas recurrentes en las licitaciones públicas en México. Desde requisitos diseñados para favorecer a un único competidor hasta antecedentes de incumplimiento, este caso pone en tela de juicio la transparencia en la gestión de recursos públicos.
A medida que los grandes proyectos de infraestructura sigan avanzando, es crucial reforzar la supervisión y garantizar que las decisiones se tomen en beneficio del interés público, no de intereses privados o políticos.
