Por Karina A. Rocha Priego
¡Ya basta! El Gobierno Federal ha cruzado una línea peligrosa, en lugar de gobernar con justicia, parece decidido a exprimir a los mexicanos con una ferocidad fiscal sin precedentes.
Y lo hace, como siempre, por la vía más fácil: la del ciudadano común. ¿El nuevo verdugo de esta embestida? La Comisión Federal de Electricidad (CFE), esa empresa que alguna vez fue símbolo de soberanía energética y hoy no es más que un aparato de cobro, abuso e intimidación.
Miles de familias mexicanas están siendo víctimas de lo que ya puede considerarse una estrategia sistemática de extorsión institucionalizada.
A lo largo del país, los testimonios se multiplican: recibos inflados, deudas que superan el medio millón de pesos en casas habitación modestas, cortes de luz sin previo aviso, amenazas disfrazadas de “avisos”, y una maquinaria burocrática montada para que cualquier intento de defensa termine en una trampa legal que amenaza incluso con cárcel. ¿De dónde viene esta cacería? La respuesta es tan simple como aterradora: dinero.
El Gobierno Federal está “hambreado” de recursos para sostener una estructura clientelar que devora millones de pesos en programas sociales, muchos de los cuales carecen de padrones transparentes, reglas claras o criterios de necesidad real.
El problema no es ayudar al que menos tiene -eso sería justicia social-, sino financiar el despilfarro y la corrupción de una administración que, en su obsesión por comprar lealtades, ha llevado al país a un punto crítico.
CFE, en su historia reciente, ha sido una empresa mal administrada y políticamente utilizada; bajo el mando de Manuel Bartlett Díaz, no solo no creció, sino que cayó en picada: registró pérdidas por 271 mil 574 millones de pesos solo en 2024, un 118% más que lo inicialmente reportado, pero en lugar de asumir responsabilidades y sanear las finanzas con eficiencia y visión, el remedio fue más perverso: trasladar el costo del fracaso a la población.
Hoy, con Emilia Esther Calleja Alor al frente, la CFE se ha convertido en el brazo cobrador del régimen.
Su nueva misión no es generar energía ni garantizar acceso justo al servicio, sino recuperar a toda costa las pérdidas multimillonarias, incluso si eso implica inventar deudas, inflar cifras o extorsionar a usuarios vulnerables, porque no se trata solo de errores administrativos o “fallas de sistema”, sino de una operación con lógica de presión económica directa.
Las cuadrillas de CFE -que operan en zonas residenciales con una actitud más cercana a la amenaza que al servicio público- se presentan los fines de semana, incluso domingos, como si su urgencia fuera más importante que los derechos del consumidor.
Llegan sin previo aviso, dejan notificaciones imprecisas y exigen “negociaciones” en oficinas donde cualquier intento de aclaración se convierte en la aceptación tácita de una deuda inexistente. Y si no accedes, te cortan el servicio. Así de simple. Así de mafioso.
Pero, si bien es cierto que ¡sí hay servidores públicos coherentes y comprometidos!, su trabajo se “ensombrece” con los abusos de quienes “quieren quedar bien”, pisoteando a cualquiera, clásico actuar de “los chairos” que seguramente son “empleados de CFE”, pero también beneficiarios de los programas sociales de “su gobierno”.
¿Dónde está la Procuraduría Federal del Consumidor? ¿Dónde están los organismos de regulación? ¿Dónde quedó el discurso de no mentir, no robar y no traicionar? Esta práctica orquestada desde lo más alto del Gobierno representa una traición flagrante a los principios que prometieron defender.
No se puede seguir robando a los ciudadanos para mantener programas que terminan en manos de personas que no los necesitan; basta ya de beneficiar a quienes viven en colonias de lujo y reciben apoyos que debieran ser para los marginados; basta de proteger a quienes saquearon las arcas públicas, mientras a los hogares de trabajadores les cae el peso de una empresa pública en quiebra moral.
Si el Gobierno Federal realmente quiere mostrar un compromiso con la justicia, lo primero que debería hacer es exigir que los responsables de los desfalcos regresen los recursos saqueados, que los corruptos que hoy gozan de impunidad paguen por el daño que causaron al país.
No es a los ciudadanos a quienes hay que perseguir, sino a quienes se han enriquecido a costa de todos nosotros.
Mientras tanto, CFE reporta “aumentos” en ingresos por venta de energía y ¡claro!, inflando cifras, falseando adeudos, manipulando sistemas, por lo que la pregunta es: ¿cuánto de ese ingreso proviene del miedo, la intimidación y la injusticia?
Este país ya no puede tolerar más abusos bajo la bandera de la “transformación”, toda vez que la verdadera transformación que México necesita comienza por respetar al ciudadano, no aplastarlo.
Comienza por rendir cuentas, no por sembrar terror desde oficinas gubernamentales. Comienza por frenar el saqueo silencioso que se está haciendo casa por casa.
Se equivocan quienes creen que los mexicanos seguirán agachando la cabeza porque las denuncias aumentan, la indignación crece, y tarde o temprano esta administración tendrá que responder por cada recibo alterado, por cada amenaza emitida, por cada corte injusto y cada deuda prefabricada porque, detrás de cada caso hay una familia y detrás de cada familia hay un límite.
Insisto en que el Gobierno Federal puede estar “tan hambreado” que, ayer fue el SAT, hoy fue CFE y ¿mañana?
Qué se inventarán para seguir saqueando al pueblo para seguir ¿apoyando al pueblo?..
