Por Mary González
La Comisión Federal de Electricidad (CFE), otrora una empresa destinada a garantizar el acceso a un servicio básico, ha sido transformada en un aparato de extorsión con aval oficial.
Hoy, miles de familias mexicanas enfrentan no solo cobros desmedidos, sino amenazas sistemáticas, manipulaciones administrativas y un nivel de cinismo que raya en lo criminal. Lo que debería ser una institución de servicio público, ha sido degradada a un verdugo recaudador al servicio de un gobierno que parece más interesado en exprimir a su gente que en protegerla.
Los testimonios de usuarios son ca da vez más frecuentes y alarmantes. Recibos con cargos inflados, su puestos “adeudos históricos” que nunca fueron notificados, y visitas intimidantes por parte de cuadrillas de empleados que actúan co-mo cobradores de un cártel institucionalizado.
La situación es insostenible, y revela un patrón de operación más pa-recido al de una red de extorsión que al de una empresa pública.
La realidad es clara: el gobierno fe-deral está desesperado por recursos y, en lugar de buscar a los verdaderos culpables del desfalco multimillonario que dejó la administración morenista anterior, ha optado por una estrategia de recuperación forzada, usando a CFE y al SAT como instrumentos de presión financiera y social. En pocas palabras: buscan tapar el hoyo fiscal robándole a los ciudadanos.
Deudores fabricados y amenazas sistemáticas
La nueva administración de CFE, encabezada por Emilia Esther Calleja Alor, ha tomado como consigna la recuperación de las pérdidas históricas que dejó la gestión de Manuel Bartlett Díaz. Este último dejó a la empresa con una pérdida neta de 271 mil millones de pesos, un incremento del 118% respecto a cifras preliminares.
¿Y cómo piensan “recuperarlo”? Cargando esa factura directamente a los ciudadanos, muchos de los cuales apenas pueden cubrir sus gastos básicos.
La estrategia es burda pero efectiva: usuarios reciben supuestos avisos de adeudo que, en muchos casos, superan los 500 mil pesos, incluso en viviendas de interés social; el mensaje implícito es claro: o pagas, o te cortamos el servicio y, si te atreves a pelearlo legalmente, te enfrentas a la amenaza de una supuesta deuda reconocida que incluso podría usarse para iniciar procesos penales.
Esto no es solo un abuso. Es terrorismo administrativo.
Cuadrillas como agentes de presión
Según denuncias ciudadanas, las cuadrillas de CFE están conformadas por empleados que actúan con total impunidad; se presentan en los domicilios sin previo aviso, dejan “notificaciones” poco claras y exigen que los usuarios acudan a negociar a oficinas centrales.
Lo hacen bajo una amenaza implícita: si no accedes, te cortan el suministro eléctrico. Si lo haces, estás reconociendo una deuda ficticia.
Lo más grave es el trato. Los testimonios apuntan a un comportamiento intimidante y prepotente, en especial cuando encuentran a personal del hogar como única presencia en la vivienda.
Los relatos son constantes: intimidación, lenguaje violento, actitudes agresivas. Y lo que debería alarmarnos más: estos abusos ocurren incluso en fines de semana, lo que demuestra que la “urgencia recaudatoria” no descansa
¿Crecen los ingresos? Sí, pero a costa del abuso
Desde que iniciaron estas tácticas de presión, la CFE ha reportado un incremento importante en sus ingresos por venta de energía. ¿La explicación oficial? Mejora en eficiencia y recuperación de adeudos.
¿La realidad? Una ola de cobros inflados, cifras manipuladas y presiones ilegales contra la ciudadanía. Si obligas a la gente a pagar por algo que no debe bajo amenaza de perder un servicio esencial, claro que recaudas más. Pero no es eficiencia. Es extorsión.
Mientras tanto, los verdaderos responsables del quebranto financiero del país siguen libres, sin rendir cuentas.
El dinero que desapareció de las arcas públicas no se busca donde está, sino donde es más fácil sacarlo: del bolsillo del ciudadano. Este esquema, disfrazado de política energética, no es más que una forma institucionalizada de abuso.
¿Y los programas sociales? Clientelismo disfrazado
Lo más insultante es que todos estos recursos se usan, supuestamente, para sostener programas sociales.
Sin embargo, el desorden y la corrupción en su implementación es evidente. Hay beneficiarios de programas viviendo en zonas exclusivas como Polanco, mientras millones en situación real de vulnerabilidad siguen sin apoyo.
El dinero no se dirige a quien lo necesita, sino a quien conviene políticamente.
La realidad es que CFE y el SAT están cumpliendo cuotas impuestas por la Presidencia de la República, no para garantizar el desarrollo del país, sino para financiar proyectos populistas y mantener el clientelismo político.
Hoy, los ciudadanos ya no pueden confiar en una institución que debería servirles. La CFE se ha convertido en un monstruo de papel con dientes reales, capaz de devorarte sin previo aviso y con total impunidad. Lo que necesitamos no es más represión, sino una auditoría a fondo, un freno a los abusos y justicia para quienes están siendo víctimas de un modelo de gobierno que ha perdido toda ética y toda vergüenza.
Porque si algo queda claro es que, en México, la energía no solo cuesta… se paga con miedo.
