* Fui a la Fiscalía, hoy tengo otra cita. Pero no me han mostrado ninguna evidencia. No me han dicho de qué me acusan ni por qué aseguraron mi casa: Orbelín Rodríguez……
Mireya Álvarez
“Lo único que quiero es que me devuelvan mi propiedad, eso es todo lo que exijo”. Con la voz entrecortada y el cansancio reflejado en el rostro, Orbelín Rodríguez Arellano resume el drama que vive desde hace más de dos semanas, cuando elementos del Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia, la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) la Policía Estatal irrumpieron en su hogar en el municipio de Luvianos, lo desalojaron supuestamente como parte del “Operativo Bastión”, para confiscar inmuebles presuntamente usados por el crimen organizado, por lo que colocaron sellos de aseguramiento en su propiedad Desde entonces, él y su familia viven un infierno de incertidumbre, miedo y desarraigo.
La casa que fue su refugio los últimos cinco años, tras haber vivido dos décadas en Estados Unidos, ahora es parte de una investigación por supuestos vínculos con el crimen organizado. Una investigación de la que él no ha sido notificado formalmente, ni ha sido acusado legalmente, pero que ya lo dejó sin techo y con su vida trastocada.
El 28 de marzo de 2025, según relata Rodríguez Arellano, llegaron a su domicilio sin previo aviso. “Yo no estaba, el jardinero me avisó que había muchos policías. Cuando llegué, ya habían sellado la casa. Les dije que yo era el dueño, que qué hacían ahí, pero no dijeron nada. Solo me pidieron que firmara unos papeles”, recuerda con frustración.
Días después, la Fiscalía mexiquense le informó que su vivienda forma parte de un grupo de 21 propiedades supuestamente vinculadas al crimen organizado, concretamente al grupo conocido como “La Familia Michoacana”, a lo que él declaró que estaban en una total equivocación. “Yo tengo escrituras, tengo pruebas de todos los pagos, predial, agua… esta propiedad está en mi familia desde mis bisabuelos. Lleva más de 100 años con nosotros”, insistió en pequeña conferencia de prensa a fuera de la dependencia.
Desde el aseguramiento, él y su familia viven prácticamente en la calle. “Estamos rentando, mis hijos también están rentando, comiendo fuera, gastando en todo. Llevamos dos semanas así”, dice mientras explica que sus hijos, ciudadanos estadounidenses, ya se regresaron al país del norte porque no se sienten seguros ni cómodos en México.
La indignación es mayor por el hecho de que no hay pruebas, ni avances en el proceso. “Fui a la Fiscalía, hoy tengo otra cita. Pero no me han mostrado ninguna evidencia. No me han dicho de qué me acusan ni por qué aseguraron mi casa. ¿Cómo voy a confiar en un sistema que ni siquiera me explica por qué me deja en la calle?”, cuestionó.
La victima regresó a México en 2019, con la ilusión de vivir en paz, en su tierra natal. “Estuve 20 años en Estados Unidos trabajando. Me vine porque quería estar a gusto, con mi gente. Pero ahora me pregunto si valió la pena. Me siento más inseguro con la policía que con el crimen organizado. Ahora ya no nos cuida el crimen, nos cuida la policía… y nos está haciendo daño”.
El miedo se ha extendido a su familia. Sus hermanos, que planeaban construir cerca de su casa, han detenido todo por temor a represalias o nuevos aseguramientos. “Nadie quiere moverse, porque si a mí me quitaron todo sin decirme por qué, ¿qué no les pueden hacer a ellos?”, dice con amargura.
“En este país te pueden quitar todo solo porque alguien te señala. Ni siquiera necesitas un juicio. Solo una orden desde arriba y ya estás fuera de tu casa”, expresó.
El proceso de amparo ya fue promovido por su abogado, pero aún no ha surtido efecto. Mientras tanto, Orbelín sigue reuniendo documentación para demostrar la legalidad de su patrimonio.
“Hoy voy a la Fiscalía a entregar más papeles: escrituras, pagos, recibos. Todo lo que tenga que ver con la propiedad. No estoy escondiendo nada…Lo que pido no es complicado. Que me regresen mi casa. Que reconozcan que se equivocaron. Que me dejen vivir en paz”, expresó.
Por su parte, Indalecio Benítez, director de Radio Calentana y miembro fundador de la Defensoría de los Pueblos de Tierra Caliente, ha acompañado de cerca el caso. Según relata, este no es un hecho aislado. “Desde el año pasado hemos documentado allanamientos ilegales, cateos sin orden, aseguramientos arbitrarios. El caso de Orbelín no es el único. En abril de 2024 ya había sido allanada su casa. Tomó fotos y videos de personas que le estaban robando. Se presentó la denuncia, se le otorgaron medidas cautelares… pero nunca se cumplieron”.
La falta de cumplimiento de las medidas por parte de la policía municipal, y la opacidad en la investigación actual, confirman lo que diversas organizaciones sociales han denunciado: una creciente criminalización de la población civil en la región, muchas veces sin pruebas, con argumentos endebles o basados en señalamientos anónimos.
El caso de Orbelín Rodríguez refleja una de las caras más crudas de la militarización de la seguridad pública y el uso excesivo de figuras como la extinción de dominio, donde la presunción de inocencia queda en papel mojado. Un ciudadano que dedicó su vida al trabajo, que regresó a México para echar raíces en su tierra, ahora lucha contra un aparato que parece sordo y ciego.
Su voz, como la de muchos otros en la Tierra Caliente, resuena con una pregunta inquietante: ¿Quién cuida a los inocentes cuando los que deberían protegerlos son quienes los despojan?.
